La delegación de la oposición, encabezada por el diputado Julio Borges, en la mesa de negociación en República Dominicana, entregó el miércoles al presidente de ese país, Danilo Medina, una contrapropuesta al Acuerdo de Convivencia Democrática por Venezuela que tanto los representantes del gobierno como el ex presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, presionaban para que firmaran.

El documento, que el gobierno se negó a recibir establece seis puntos: soberanía y sanciones unilaterales contra Venezuela, las garantías del proceso electoral, el fortalecimiento del Estado de Derecho Constitucional, la situación económica y social, la comisión de la verdad, y la comisión de seguimiento y verificación del acuerdo.

“En la búsqueda de garantizar un ente electoral con garantías de transparencia e imparcialidad se acuerda la designación, a través del Tribunal Supremo de Justicia, en un plazo no mayor de 48 horas, de los dos rectores designados en fecha 13 de diciembre de 2016 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Los rectores a designar serán fruto del consenso de los firmantes de este acuerdo”, es el primer punto que consideran.

Señala que se debe conformar “una misión de Observación Electoral Internacional dirigida por las Naciones Unidas e integrada por representantes de organizaciones internacionales y de los países acompañantes del acuerdo. “Se acuerda que esta misión de observación tenga todas las posibilidades de participar en todas las etapas e instancias del proceso electoral”, detalla el documento.

Otro aspecto que estipula el texto tiene que ver con la reinstauración a los lugares originales de los centros nacionales de votación. También se establece “la reversión de las inhabilitaciones políticas a todos los dirigentes de la oposición, incluyendo a Henrique Capriles y Leopoldo López”.

Se solicita la inclusión de los sorteos de los miembros de mesa en el cronograma electoral, del proceso de apertura y actualización del Registro Electoral, tanto dentro como fuera del país. “En el extranjero debe garantizarse el funcionamiento de los puntos de actualización electoral en cada sede consular”.

Otro tema está referido a la legalización inmediata, en un plazo de 48 horas, de los partidos MUD, Voluntad Popular y Primero Justicia.

En el texto se propone la utilización de tinta indeleble, la prohibición del voto asistido y que las partes se comprometen a reconocer el resultado de las elecciones presidenciales, “siempre y cuando se cumplan todas las garantías establecidas en las leyes y en el presente acuerdo”.

“Ambas partes acuerdan levantar, en un plazo no mayor de 15 días, el desacato judicial que pesa sobre la Asamblea Nacional, con el objeto de recuperar sus funciones constitucionales”, añade el documento.

En cuanto a la situación económica y social se plantea “conformar con carácter inmediato una comisión para el estudio, análisis y formulación de propuestas constructivas para abordar la situación económica de Venezuela”. Se propondrán medidas para promover el acceso de bienes y servicios de la población, con énfasis en alimentos y medicinas.

Otro de los puntos destacados en el documento es la liberación de todos los presos políticos, incluyendo a Leopoldo López. Finalmente se plantea la creación de una comisión de la verdad y los derechos humanos con tres representantes de la oposición, tres del gobierno y un representante de una ONG. También se propone la creación de la comisión de seguimiento del acuerdo.


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