Hay un retroceso y una pérdida de espacios del periodismo independiente en América Latina, señaló Miguel Henrique Otero, presidente editor de El Nacional.
Advirtió que los populismos autoritarios cada vez están tomando más espacio en la región. “Es una cosa terrible y Venezuela es un sitio clave para eso”, alertó.
“El sistema judicial es cada vez más utilizado por los autoritarismos en América Latina para criminalizar a la disidencia”, afirmó.
“Utilizan todos los elementos jurídicos de la democracia para dinamitar a la democracia. Es una tesis que viene de Podemos en España, que ha contaminado a todos estos gobiernos y es el gran peligro del siglo XXI”, dijo.
El presidente editor de El Nacional participó en el panel Medios vs Poder político, en el tercer día de presentaciones con ocasión de la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
En la discusión estuvieron junto a Otero, Adrián Ventura, de Todo Noticias, de Argentina; Juan Ernesto Pardinas Carpizo, del diario Reforma, de México; Daniel Scola, del Grupo RBS, de Porto Alegre, Brasil; moderado por Roberto Rock, de La Silla Rota, de México, y directivo de la SIP.
El caso contra El Nacional
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia del régimen de Nicolás Maduro declaró procedente la segunda fase del avocamiento solicitado por Diosdado Cabello, y ordenó a El Nacional el pago de 237.000 petros, poco más de 13 millones de dólares ($ 13.366.800), calculados al momento del pago, como indemnización por daño moral. El petro equivale a 56,40 dólares aproximadamente.
Es de recordar que el Tribunal Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en fecha 31 de mayo de 2018, dictó sentencia definitiva, declarando con lugar la demanda de daño moral incoada, y condenando a El Nacional al pago de la suma de 1.000 millones de bolívares como indemnización y ordenó la indexación judicial del monto condenado, lo que a la fecha, según la sentencia, serían 31.843.014.940.710 bolívares.
Otero explicó que la sentencia se trata en realidad de una incautación, una expropiación, para entregársela a un privado, que en este caso es Cabello. “Hasta ahora las expropiaciones han sido públicas. Esta es la primera incautación grande privada”, manifestó.
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Dijo que se utiliza la excusa de la difamación para arremeter contra el medio de comunicación, como ya se hizo en Ecuador con el diario El Universo, “que afortunadamente se salvó de la incautación”.
El esquema se repite, explicó, con un juicio que está plagado de irregularidades. “En la demanda contra nosotros el esquema legal que esgrimen no aguanta ningún escrutinio”, afirmó.
Señaló que la supuesta difamación contra Cabello quedó sin asidero cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionó y la DEA pidió 15 millones de dólares por su captura. Señaló que esa investigación es la base la publicación de los artículos de los diarios ABC de España y The Wall Street Journal, replicado por El Nacional, en el que se señala que hay una averiguación abierta por los vínculos con el narcotráfico del dirigente chavista. “Los tribunales hicieron caso omiso de esa realidad que es como una catedral”, subrayó.
Otero puntualizó que el juicio civil fue una aberración jurídica porque el juicio penal aún no ha iniciado.
“Probablemente ellos van a ejecutar esa sentencia. Nosotros no le vamos a dar 13 millones de dólares a Diosdado de ninguna manera y entonces van a embargar edificio, la rotativa y todo lo que tenemos y se lo van a entregar”, dijo.
“Él tiene años diciendo que va a hacer una escuela de Comunicación allí y un periódico”, manifestó.
Miguel Henrique Otero y la solidaridad internacional
Otero dijo que debido a todas las irregularidades en el proceso están actuando internacionalmente, independientemente de que Maduro no reconoce el Sistema Interamericano. “Vamos a lograr la mayor solidaridad del mundo”, señaló.
Advirtió que ya hay magistrados que han manifestado en privado que no firmaron ese documento. “Puede ser que la Sala Constitucional pida una revisión, todo es posible, pero lo más seguro es que ejecuten la sentencia y actúen contra nosotros”, indicó.
El presidente editor de El Nacional recalcó que en Venezuela solo quedan pequeñas ventanas del periodismo independiente, que básicamente están en la web, pero que son bloqueados por el régimen de manera discrecional para evitar que informen la realidad.
“Esta situación es preocupante para el periodismo libre en América Latina por ser atípico y muy particular”, concluyó.
