La violación de derechos humanos en Venezuela es tema de debate en el ámbito nacional e internacional. Desde las manifestaciones de 2017 fueron muchas las detenciones arbitrarias que se registraron, así como civiles que fueron juzgados por tribunales militares, organismos que se encuentran “subordinados” al gobierno.
En el foro Derechos humanos en crisis realizado en el auditorio del diario El Nacional, Alfonso Medina Roa, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, afirmó que desde 2017 la justicia penal militar adecuó el hecho de manifestar con los delitos de traición a la patria e instigación a la rebelión para juzgar a los civiles que fueron detenidos en las manifestaciones antigubernamentales.
Indicó que este órgano castrense no puede ofrecer una justicia independiente ni imparcial, puesto que su estructura lo hace estar subordinado al Ejecutivo que nombra al ministro de Defensa quien, a su vez, designa al presidente de la Corte Marcial y demás jueces, al fiscal general y al defensor público militar.
Dijo que en Venezuela existe una identidad de simbología entre el partido de gobierno y la Fuerza Armada. “En el tarjetón de las elecciones a concejales, los partidos oficialistas aparecen con los conocidos ‘ojitos’ de Chávez y estos están presentes en todos los cuarteles del país, lo cual vulnera el artículo 328 de la Constitución que establece que la institución no debe tener vínculos políticos”.
Denunció que el incremento del número de militares presos –163 personas– se registró en el momento de mayor crisis social y económica, porque “el hambre también llegó a los cuarteles”.
En el evento, en el que estuvieron presentes Daniel Ceballos, Lilian Tintori, Andrés Velásquez, representantes diplomáticos de Canadá, abogados y familiares de presos políticos, organizaciones y activistas de derechos humanos, la abogada Ana Leonor Acosta resaltó que la violación sistemática de los derechos humanos en el país –detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales, vulneración del derecho a la salud y la vida–es reconocida la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Afirmó que “La Tumba”, ubicada en la sede del Sebin de Plaza Venezuela, es la “máxima expresión de tortura y violación de derechos humanos en Venezuela, donde actualmente hay personas encerradas e incomunicadas desde hace casi tres meses, sin ver a su familia, sin tener asistencia médica, sin luz natural ni ventilación”. Agregó que la Coalición registra 12.320 presos políticos desde 2014 y 404 actualmente: 195 civiles, 163 militares, 17 mujeres, 14 policías, 14 delicados de salud, 11 políticos, 10 estudiantes y 4 menores.
Carlos Daniel Moreno, especialista en Derecho Penal y Procesal, alertó que el plan de la patria abolió la “libertad de conciencia como derecho” y promueve la ideologización hacia el socialismo. Agregó: “El núcleo esencial de los derechos humanos es la dignidad de la persona. Es entender que todos estamos destinados a la libertad”.
Aseguró que en Venezuela la Constitución no tiene prevalencia ni se aplica para garantizar el derecho a la libertad, dignidad e irretroactividad.
La Tumba es la máxima expresión de tortura y violación de derechos humanos en el país, donde actualmente hay personas encerradas e incomunicadas”, Ana Leonor Acosta, integrante de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia.