José Antonio Figueredo Márquez, El Nacional
Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez

Un grupo de 23 diputados de la Asamblea Nacional elegida en 2015 aseguró este lunes que participar en las elecciones locales y regionales del próximo 21 de noviembre «es un acto inconstitucional que configura un nuevo fraude».

«Consideramos que participar en el evento convocado por el gobierno para el 21 de noviembre, en estas condiciones, es un acto inconstitucional, que configura un nuevo fraude y favorece la estrategia del gobierno tiránico», afirmó el grupo en un comunicado.

A esos comicios acudirá una parte de la oposición, incluido el sector que encabeza Juan Guaidó. Varios de los parlamentarios que firman la misiva se han mostrado cercanos al también presidente de la Asamblea Nacional de 2015 durante los últimos años.

Quienes suscriben el documento consideran que Venezuela «es un estado criminal» que no tiene «garantía alguna para sus ciudadanos». Por ello, creen que «no puede hablarse de elecciones si antes no se restablece la soberanía nacional y el estado de derecho».

«En consecuencia, la no participación en el evento, para el 21 de noviembre, en las actuales circunstancias, es una acción política de legítima defensa ante el opresor».

«Venezuela es un Estado fallido»

Al respecto, aseguraron que «el país está ocupado por grupos irregulares vinculados con el narcotráfico y el terrorismo internacional».

«No participar en la farsa electoral convocada es, pues, una acción, no es inacción». Así  afirmaron antes de agregar que «con ello se desmonta la estrategia electoralista de legitimación» del gobierno de Nicolás Maduro.

Por ello, explicaron que quienes participarán lo harán por una serie de razones que van «desde la complicidad hasta la ingenuidad».

«El ejercicio electorero del 21 de noviembre próximo representa, además, una operación para cimentar en el poder a actores alineados con el modelo mafioso instaurado en el país. Por tanto, no representa un ejercicio institucional, sino una fórmula para ampliar espacios de control del Estado criminal», concluyeron.

 


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