Adolfo Hitler, Benito Mussolini y Fidel Castro tuvieron muchas cosas en común. Entre ellas, el uso de la justicia militar para perseguir a la disidencia. En Venezuela la práctica está prohibida por la Constitución, el Código Penal, los tratados de derechos humanos suscritos por la República y una sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia del año 2001.
Pese a ello, desde 2014 comenzaron a registrarse casos aislados. En 2017 el mecanismo está a punto de convertirse en otro patrón de persecución: más de 90 personas han sido presentadas en esa jurisdicción.
Hasta el sábado 6 de mayo, la ONG Proiuris contabilizó 52 civiles pasados a jurisdicción militar, que incluyen casos tempranos como los del diputado Gilber Caro y su novia Steicy Scalona (enero), y el del profesor de la UC, Santiago Guevara (febrero).
Pero la lista de Proiuris no incluye el pase masivo de civiles ante tribunales militares ocurrido precisamente el 6 de mayo. Luego de la toma militar de Valencia, el general Jesús Suárez Chourio, comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central, confirmó que “251 personas fueron puestas a la orden de los tribunales militares, por los delitos de ataque al centinela y asociación para la rebelión”.
Aunque el gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, dijo después que “más de 70 vándalos fueron puestos a la orden de la justicia militar”, el director del Foro Penal, Alfredo Romero, precisó que fueron 38 los presentados e imputados el fin de semana en Carabobo. Y de ese primer lote, 19 personas fueron privadas de libertad, según Luis Betancourt, del Foro Penal.
La lista tampoco cuenta el caso de una estudiante de la Universidad Fermín Toro y otro de la Unexpo-Barquisimeto, detenidos el 5 de mayo, imputados por lesiones a funcionario de la FAN, ultraje al centinela y destrucción de edificio de la FAN y encarcelados en Ramo Verde.
Los primeros. El 11 de abril, ocho personas fueron detenidas en Lara y presentadas ante el Tribunal 7° de Control Militar que ordenó encerrar a seis en la cárcel militar de Ramo Verde por ultraje al centinela y violación de zonas de seguridad. El 5 de mayo una poblada derribó una estatua de Chávez en Villa del Rosario, Zulia. Al día siguiente fueron detenidas 14 personas, entre ellas dos menores de edad; todos fueron presentados ante la jurisdicción militar por ultraje al centinela y recluidos en la cárcel 26 de Julio.
“Improvisan tribunales militares porque perdieron el control de los tribunales civiles”, denunció el diputado Juan Matheus (PJ).
“Esa práctica, junto con la de tribunales civiles que imputan o encarcelan a pesar de que la Fiscalía pida libertad, se ha ido generalizando desde que la fiscal general Luisa Ortega denunció la ruptura del orden constitucional”, denunció el defensor de derechos humanos, Nizar el Fakih.
Tutela militar. ONG nacionales y extranjeras han alzado su voz de condena. Citan jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y coinciden en señalar que tal actuación constituye una “violación grave” al debido proceso.
Proiuris exigió su cese inmediato; Amnistía Internacional expresó su preocupación: “Es contrario a la ley y derechos humanos usar la jurisdicción militar para intimidar las expresiones políticas”.
Ciudadanía Activa sentenció: “Hitler, Mussolini y Fidel utilizaron la justicia militar para perseguir a disidentes. Así hace Maduro”.
Cofavic advirtió: “Juzgar civiles en tribunales militares es el abandono completo del Estado de Derecho”, y pone al país al borde de “un tutelaje militar inaceptable e incompatible con las mínimas garantías judiciales que deben existir en un gobierno civil y democrático”.