Nicolás Maduro garantizó este lunes que el país trabajará «decididamente con Naciones Unidas», y volvió a reclamar el levantamiento de las sanciones que pesan sobre la nación, que calificó de ilegales.
En una intervención ante la 46ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Maduro aseguró que, si bien Venezuela cooperará con los actores del organismo, no aceptará «la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra la patria venezolana».
«Están equivocados quienes creen que Venezuela disminuirá la cooperación alcanzada con la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, como consecuencia de estas provocaciones ideologizadas de un grupo de gobiernos», manifestó.
En ese sentido, también destacó que el régimen renovó en septiembre de 2020, por otro año, el Memorando de Entendimiento con la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos para continuar «fortaleciendo los vínculos de cooperación y asistencia técnica en materia de promoción y protección de los derechos humanos» en la nación.
Expertos de la ONU concluyeron, en un informe de 443 páginas publicado a mediados de septiembre de 2020, que en Venezuela se habían producido crímenes de lesa humanidad. En concreto, apuntaron a la existencia de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas en la República.
El régimen de Maduro, por su parte, rechazó el informe y recalcó que está «plagado de falsedades» al tiempo que reiteró la cooperación con el Consejo para los Derechos Humanos de la ONU. El ministro de Exteriores, Jorge Arreaza, subrayó que el oficialismo ya rechazó la formación de la misión de investigación.
«Desde el 2 de diciembre de 2019 hemos afirmado que no reconocemos ningún mecanismo politizado e inquisidor, creado con fines ideológicos por países con pésimos récords en derechos humanos, para agredir a Venezuela y tratar de dañar la relación con la oficina de la Alta Comisionada», señaló en ese momento.
Por otro lado, Maduro denunció la imposición de más de 450 sanciones «unilaterales e ilegales» contra «el pueblo venezolano» y, entre otras consecuencias, destacó la retención de al menos 30.000 millones de dólares en efectivo que forman parte de los activos del país en el exterior.
Sin embargo, indicó que no se detendrán los programas dirigidos a «garantizar la seguridad social del pueblo» y que, con ese fin, se ha fortalecido la cooperación «con el sistema de Naciones Unidas de manera integrada con todos sus organismos especializados, programas y fondos», insistió.
De forma paralela, durante su discurso, se refirió a la visita de la relatora especial de la ONU sobre las repercusiones de las sanciones, Alena Douhan.
La experta concluyó en un informe preliminar que estas medidas, aplicadas por Estados Unidos y la Unión Europea «como herramienta deliberada para alcanzar un cambio de régimen en Venezuela, violan flagrantemente el Derecho Internacional y todos los instrumentos universales y regionales de derechos humanos».