Nunca lo negó. Karen Palacios estaba preocupada por la reacción que suscitó en cuentas oficialistas los tuits que publicó el primero de mayo debido a la indignación que sintió por la represión contra los manifestantes en las marchas convocadas por el presidente encargado, Juan Guaidó. Los mensajes fueron borrados horas después. Sin embargo, las capturas de pantalla rodaron por las redes sociales.

“Esos tuits los escribí cuando una tanqueta atropelló a personas en una manifestación. Los borré luego de dos horas. No tengo ni idea de cómo los obtuvieron”, indicó en mayo. Ese mismo mes, otro hilo se hizo viral al informar que no formó parte de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela como clarinetista porque firmó en el plebiscito organizado por la Asamblea Nacional en 2017.

Clarinetista de 25 años de edad formada en el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela y estudiante del Conservatorio Simón Bolívar,  tiene 45 días detenida. El primero de junio, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar llegaron a su casa en Carrizal y dijeron que eran profesores del Sistema, interesados en entrevistarla. “Yo fui con ella. Primero dijeron que íbamos a Miraflores, al Centro de Atención a la Víctima. En la camioneta nos informaron que realmente íbamos a la Dgcim, en Boleíta. Estuvimos ahí todo el día. Nos separaron. Me dieron un teléfono y ahí ella me dijo que la dejarían detenida”, contó su madre, Judith Pérez, en rueda de prensa en la sede del Foro Penal.

La audiencia se llevó a cabo el 3 de junio y se le asignó un defensor público. El delito en cuestión es instigación pública. El Foro Penal no ha obtenido acceso al expediente, por lo que se desconoce el motivo por el cual está implicada en el cargo. “Le dieron la libertad con régimen de presentación, pero la libertad no la he visto”, manifestó la madre.

La boleta de excarcelación llegó el 18 de junio, pero hasta ahora, no se ha ejecutado. La ONG contabiliza 590 presos políticos y más de 15 se encuentran en la misma situación.

La abogada Stefania Migliorini, miembro del Comité de Defensa de la Mujer y asignada al caso, indicó que las personas con boleta de excarcelación continúan privadas de libertad: “Sucede en reiteradas oportunidades. Ya se ha hecho costumbre que el tribunal emite la boleta de excarcelación y no se cumple”.

Durante estos 45 días, Pérez solo ha podido ver a su hija en dos oportunidades: el 29 de junio y el 6 de julio.

La primera visita le fue negada porque necesitaba un mes «de adaptación». «Está destrozada psicológicamente. Me contó que le ponían luces blancas incandescentes. Además, ella sufre de depresión y asma. Todo el trabajo que habíamos logrado se destruyó en dos días. Yo no quería su traslado, sino su libertad”, expresó.

Desde la semana pasada, Palacios está recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina con presas comunes. El traslado no fue notificado a la madre, pues se enteró por una lista que tiene el centro. Se desconoce las condiciones en las que se encuentra.

La madre afirmó que los delegados que dejó Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, tienen conocimiento del caso: “Dijeron que harán las gestiones necesarias”. Pidió a los entes competentes que resuelvan el caso.  “Nunca pensé que un hilo de tuits la fuera a llevar a un sitio como la Dgcim”, dijo.

Los familiares no habían hecho público el caso por miedo a represalias. El Foro Penal asumió la defensa del caso hace dos semanas.

“Si realmente se respetaran los derechos humanos en Venezuela, mi hija no estuviese pasando por esto”, señaló.