El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) invalidó 45 pasaportes venezolanos pertenecientes a periodistas, políticos opositores y sus familiares desde los meses de protestas contra el gobierno en 2017.

Bajo el argumento del supuesto reporte de hurto del salvoconducto o algún error en el sistema, ciudadanos quedaron sin documento para salir del país.

Desde principios de ese año la práctica se ha repetido con periodistas y en algunos casos se ha extendido a sus familias. Todos se enteran llegando o intentando salir por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, estado Vargas.

Cinco periodistas sin pasaporte

  • A principios de 2017, la periodista venezolana especialista en sucesos, Thábata Molina, denunció que en el aeropuerto le anularon su pasaporte y alegaron que supuestamente existió una denuncia de hurto formulada en el Saime.

  • El 17 de mayo de 2017 le anularon el documento a César Miguel Rondón, periodista y locutor, cuando se disponía a viajar para asistir compromiso con la cadena de televisión ABC. Lo mismo ocurrió con el documento de identidad de su esposa, Floralicia Anzoli, y sus dos hijas.

En su repuesta, el Saime dijo que en el sistema los cuatro pasaportes se encontraban extraviados.  Dicho proceso debe hacerse personalmente en la entidad, pero en este caso, la única manera de que este registrado como perdido es que el individuo haya reportado su documento como perdido y por ende se anula el documento.

La anulación se produjo horas después de que el presidente Nicolás Maduro sugiriera que el locutor debería estar tras las rejas por promover “una Ruanda de persecución, de matanza, de odio y eso está penado. Ya debería estar acusado judicialmente”.

  • Tan solo cinco días después, el 22 de mayo de 2017 fue utilizado el mismo mecanismo con la periodista Nitu Pérez Osuna, quien acababa de llegar al país. El Saime ordenó la anulación de su pasaporte y el de su esposo. La razón de la anulación se debe por supuestamente presentar el pasaporte cuando estaba reportado como extraviado.

“La dictadura nos impone prohibición de salida del país”, señaló en su momento Pérez Osuna.

  • El 6 de septiembre de 2018 el periodista y director del portal de noticias runrun.es, Nelson Bocaranda, también fue víctima de estos procedimientos. Denunció que su pasaporte había sido anulado, a pesar de que le fue aprobada una prórroga del mismo hasta el 2022.

Bocaranda tenía un viaje pautado con su esposa a Rusia. Luego de lo sucedido, el periodista indicó que la razón de la anulación del documento fue por una falla en el sistema.

“La anulación del pasaporte de cualquier ciudadano venezolano, sin justificación alguna enmarcada, es una acción violatoria de un derecho constitucional al libre tránsito, en este caso fuera del territorio nacional, sin contar la violación de los derechos humanos por parte del Estado”.

  • El 24 de septiembre de 2018, la misma modalidad fue aplicada 18 días después con el periodista Isnardo Bravo. Fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando iba a viajar con su hija de 11 años. Su pasaporte fue retenido y luego sería interrogado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). La razón de su detención se debe a que Bravo “tiene prohibición de salida del país”.

Aunque no es la primera vez que el gobierno de Nicolás Maduro ha aplicado la anulación de pasaportes para restringir la salida del país a personalidades contrarias a su ideología. El caso de Bravo es el único que ha implicado una detención y un interrogatorio por parte de un organismo de seguridad nacional.


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