Corría el año 1998. Año de elecciones presidenciales. El puntofijismo establecido en 1958 tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez daba sus últimos respiros por el dominio de dos candidatos desentendidos de los tradicionales Acción Democrática y Copei. Una carrera entre Henrique Salas Romer y Hugo Chávez Frías.

Chávez ganó prometiendo una revolución social y política: eliminaría la pobreza en el país, lucharía contra la corrupción y aboliría aquel Pacto de Puntofijo para abrir el sistema a la participación de otras plataformas políticas. Para esto blandió su principal baza electoral, aquella que le confirió el apoyo de los antisistema y los contrarios a esta política convencional: una Asamblea Nacional Constituyente para elaborar una nueva Carta Magna.

«Allí está un instrumento para comenzar ahora una nueva batalla, allí está una Constitución de una República realmente democrática», dijo el presidente Chávez el 30 de enero de 2000 en el Palacio Federal Legislativo después de que el proyecto de la nueva Carta Magna elaborada por «la partera histórica de la Venezuela nueva», como denominó el mandatario venezolano a la Asamblea Constituyente de 1999, fuera aprobado electoralmente con una mayoría -más de 80% de los votos.

17 años, tres meses y un día después el “hijo” de Chávez, el heredero del comandante de la revolución bolivariana, el presidente Nicolás Maduro, anunció la convocatoria de un proyecto de Asamblea Nacional Constituyente, la cual según establece el artículo N° 347 de la Constitución de 1999 tiene «el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución». Emulando las acciones de su «padre» político, Maduro reemplazará el legado de Chávez al desechar la principal razón por la que el oriundo de Sabaneta fue electo presidente en primer lugar. Pero, ¿por qué?

El presidente Maduro esgrimió varios argumentos, como la constitucionalización de varios proyectos de la revolución bolivariana como la Gran Misión Vivienda, Misión Barrio Adentro, Misión Transporte y los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Para que nadie los privatice en un futuro, justificó el presidente.

También argumentó que era necesaria una nueva Constitución para luchar contra el «golpe de Estado» que se desarrolla en su contra, para voltearles la tortilla a los intervencionistas y golpistas, dijo en su alocución pública hecha el Día del Trabajador, cuando llamó a la conformación de una nueva Asamblea Constituyente, metafóricamente parodiando a Edipo al «matar» a su padre y convertirse en rey, levantando su propio legado al «perfeccionar» el del comandante eterno.

Más allá de los argumentos propuestos por el mandatario, propios de la retórica del gobierno venezolano sobre intervencionismos y golpes de Estado, el politólogo John Magdaleno maneja otras razones por las que el presidente obrero ha tomado la decisión de convocar al proceso constituyente.

En primer lugar, dice Magdaleno, “el presidente intenta ganar tiempo de aquí hasta 2018”, argumentando: “Si se abre el debate sobre la constituyente, es decir sobre una nueva Constitución, el país se va a distraer en ese debate. En el fondo ese es el primer objetivo, distraer y ganar tiempo”.

Arguyó además que la medida es una dilatación para la realización de comicios electorales pendientes: “El presidente básicamente intenta inhibir la celebración de elecciones regionales este año como corresponderían, ya el año pasado debían de haberse celebrado las elecciones de gobernadores, este año corresponden las de alcaldes. Puede que una constituyente intente inhibir o evadir la celebración de las elecciones que ya tocan, incluyendo las que están retrasadas”, dijo en una entrevista para El Nacional Web.

También citó como justificación el deslindamiento del Estado de Derecho: “Pretende seguir avanzando en la institucionalización del Estado Comunal, que se opone abiertamente al Estado Social de Derecho y de Justicia consagrado en la Constitución de 1999”.

“Parece que al presidente la Constitución de 1999 le está quedando forzada, parece que no se siente cómodo con esta Constitución”, valoró Magdaleno.

Bases comiciales, la piedra angular de todo

El presidente detalló que para la Asamblea Nacional Constituyente serán elegidos 500 constituyentes de los cuales entre 200 y 250 serán electos por bases populares, como la base de la clase obrera, bases comunales, miembros de misiones, pueblos indígenas, campesinos y gente de los movimientos sociales, entre otros.

“El presidente intenta fabricar una mayoría un poco más favorable al chavismo o al proyecto del presidente Maduro en concreto”, dijo Magdaleno respecto a este conjunto de constituyentes, haciendo la salvedad de que estas no son las bases comiciales oficiales sino el boceto que plantea el presidente.

El politólogo arguyó que esta medida, según lo esbozado por “el hijo de Chávez”, también pretende ser una estrategia para mitigar la influencia de la baja popularidad oficialista reportada por encuestas en la elección: “Lo que está haciendo es intentar reducir la brecha que se registra en los estudios de opinión en materia de preferencias electorales”.

Eduardo Martínez, especialista electoral, coincidió con el politólogo en este apartado. Las bases comiciales que está proponiendo Maduro (…) terminan siendo una elección a la medida en los sectores o en las zonas que el chavismo tiene control”, dijo Martínez.

“Prácticamente lo que está planteando el chavismo es que la mitad de los constituyentistas, por la forma en que se va a elegir, serían representantes del oficialismo, la mitad o más de la mitad, cuando hoy todas las encuestas sugieren que el oficialismo no supera 25% de la población”, añadió el comunicador.

Respecto a la teórica otra mitad de los constituyentes que serían escogidos por territorios, Martínez indicó que la medida obedece al mismo objetivo: Mermar el poderío electoral de la oposición. “Si lo haces con un número fijo de constituyentistas por municipio, el voto opositor se minimiza y se magnifica el poder del voto chavista”, apuntó Martínez.

“Si eso se hace así, un municipio como por ejemplo Baruta, que tiene 400.000 electores, escogería la misma cantidad de constituyentistas que elegiría el municipio Guaicaipuro en Los Teques, que tiene un tercio de esos electores”, expuso el analista electoral.

Parlamento vs. Constituyente

Después de la perpetuación del estado de desacato de la Asamblea Nacional motivado por el Poder Judicial y la publicación de las sentencias N° 155 y 156 por parte de la Sala Constitucional, se puede observar un cierto empecinamiento de otros poderes públicos en cercenar los poderes constitucionales del Parlamento. La instauración de una Asamblea Constituyente puede lograr este objetivo, explicó Magdaleno.

“Hay un antecedente que podría afirmar la hipótesis de que habiéndose iniciado la Constituyente, en su debate podrían usurparse las funciones de la Asamblea Nacional”, aseguró el politólogo.

Magdaleno recordó la última Asamblea Nacional Constituyente convocada en Venezuela y las repercusiones que tuvo en los Poderes Públicos para el momento. “Hay que recordar la experiencia del Congresillo”, subrayó Magdaleno.

“Tan pronto se inicia el debate Constituyente (…) el Parlamento, que había sido electo, fue inhabilitado en la práctica y se formó una Comisión Legislativa que usurpó las funciones de la Asamblea Nacional electa para la fecha”, rememoró.

El politólogo sustentó esta valoración en el discurso del presidente cuando convocó el proceso de reforma constitucional. “El presidente ha dicho que la Asamblea Nacional Constituyente es ‘plenipotenciaria’, es decir, tiene todos los poderes. Para disolver a los Poderes establecidos inclusive”, advirtió Magdaleno.


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