El gobierno de Nicolás Maduro enfrenta una serie de sanciones, muchas de ellas por presuntas implicaciones en casos de corrupción, lavado de dinero, crímenes de lesa humanidad por parte de funcionarios venezolanos y por el deterioro del país.

Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (EU) ordenaron el bloqueo de bienes y prohibieron el ingreso a sus territorios del presidente Nicolás Maduro y de altos dirigentes de su gobierno. Desde el año 2015 se han emitido sanciones progresivas a funcionarios y ex funcionarios; en total hay al menos 76 penalizados.

“El gobierno de Nicolás Maduro ha hecho un gran esfuerzo político en Europa y en otras latitudes; sin embargo, en esta época, terminando 2018, la mayor parte de las naciones quiere tener el mínimo tipo de relación con gobiernos donde hayan integrantes en los que recaigan severas sospechas de delitos de lesa humanidad”, explicó Daniel Varnagy, doctor en Ciencias Políticas, profesor y coordinador de la carrera de Economía en la Universidad Simón Bolívar (USB), para El Nacional Web.

Infografía: Gabriela Galíndez - El Nacional Web

El 6 de noviembre la UE prolongó por un año el embargo de armamento y las sanciones individuales a los responsables de las presuntas violaciones de los derechos humanos. La organización internacional considera que el deterioro de la situación del país continúa.

Varnagy opina que las sanciones, que tienen un componente pragmático y uno simbólico, generan presión internacional. “En el lado pragmático Europa intenta socavar la permanencia en el poder, mientras que en el punto simbólico no quiere tener nada que ver con regímenes autoritarios que se basan en la disminución de los ciudadanos, así como en algún momento lo vivieron ellos”, detalló.

Julio Castellanos, politólogo venezolano, explicó que los motivos para aprobar las sanciones son la ruptura del hilo democrático y la violación de derechos humanos.

“La comunidad europea prolonga las sanciones porque los motivos siguen presentes, no ha habido intención manifiesta de resarcir el daño que el gobierno de Maduro ocasiona a la institucionalidad democrática nacional y al Estado de Derecho”, enfatizó.

Castellanos aseguró que la sanciones pueden ser mucho más duras, sin embargo, indicó que las penalizaciones deben ser auténticamente universales para que se logre la restitución del hilo constitucional.

“Se requiere que la coalición de países que sancionan a Venezuela incluye a naciones como China y Rusia”, dijo Castellanos quien aseguró que si no se cumple ese requisito, el gobierno de Maduro encontrará canales para sostenerse financieramente a pesar de que el costo sea mayor sufrimiento para los ciudadanos.

Diálogo: ¿la verdadera solución?

Los países pertenecientes al Grupo de Lima no apoyan la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, mientras que otras naciones europeas y de la región consideran que las sanciones son necesarias para presionar al gobierno de Maduro. Por su parte, Josep Borrell, ministro de Relaciones Exteriores del gobierno español, señaló que mantener la presión internacional como única solución es “estéril” si no se crean condiciones para el diálogo.

El politólogo Julio Castellanos sostuvo que una intervención militar sería utilizada por el gobierno como la comprobación de una conspiración internacional. “El régimen tendría en sus manos la excusa para arremeter descarada y violentamente contra quienes considera enemigos internos”. Asimismo, detalló que la palabra adecuada, antes que “diálogo”, es “negociación”.

“La búsqueda de una salida negociada a la encrucijada venezolana es lo más razonable. Además, no solo es la posición de España, también es la posición de la UE y del resto de la comunidad internacional”, aseguró el especialista.

El profesor Daniel Varnagy señaló que el diálogo se puede realizar dependiendo de las negociaciones que se pongan sobre la mesa.

“Las negociaciones que estén fuera de la Constitución no son éticas o por lo menos no son jurídicas. Cualquier negociación que se dé tiene que estar basada en el respeto al concepto de Estado de Derecho, a la jurisprudencia y a la Constitución vigente”, apuntó.

Varnagy indicó que cualquier acuerdo que se aleje del concepto ético no puede catalogarse como un acuerdo. “La situación del país es tan terrible que solamente puede haber una restitución del orden mediante un cambio de sistema, ese cambio de sistema es un tema de orden ético”, explicó.

Lo que se espera para 2019

Los expertos coinciden en que el deterioro de la calidad de vida de los venezolanos puede empeorar si se mantiene la inacción gubernamental ante la hiperinflación y la falta de alimentos.

“Solo un gobierno legítimo, escogido a través de elecciones transparentes e incuestionables, que goce de credibilidad internacional y confianza nacional, puede enfrentar la crítica toma de decisiones que implica salir de una crisis tan profunda”, dijo Castellanos.

Aseguró que hay tres datos que son preocupantes para la nación: el control de la seguridad ciudadana está cada vez más militarizada, la incapacidad de los gobiernos regionales de honrar los compromisos laborales (lo que generaría una alta conflictividad sindical para 2019) y la ausencia de vías pacíficas y electorales.

“Al no tener espacios pacíficos existe la peligrosa propensión por parte de la opinión pública de aplaudir a cuánto radical prometa o intente ejecutar una acción violenta”, señaló.

Por otro lado, Daniel Varnagy recalcó que, aunque hay anuncios oficiales que indican que no existen controles de cambio, la hiperinflación en el país sigue acompañada de constantes regulaciones por parte del gobierno.

“A finales del año el gobierno nacional puede ser testigo de un aumento en las protestas, tanto por los servicios públicos, como por los alimentos y medicamentos. Con esto, el gobierno en algún momento tendrá que entender que este modelo es un modelo no sostenible en el tiempo”, enfatizó.

Las sanciones podrían incrementar para el próximo año debido a que las diversas organizaciones internacionales y naciones del mundo han advertido que el 10 de enero es la fecha límite para la legitimidad del presidente Maduro. La Asamblea Nacional asegura que para 2019 habrá  un vacío de poder debido a que consideran que las elecciones del 20 de mayo son ilegítimas, además indican que la comunidad internacional deberá trabajar en conjunto para la lograr “la recuperación de la democracia” en el país.


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