fachada atlántica
Foto: Prensa Presidencial

Nicolás Maduro firmó la noche del jueves el decreto mediante el cual se establece un nuevo territorio marítimo de la República, denominado «Territorio para el desarrollo de la Fachada Atlántica».

Esto como parte de una serie de acciones que anunció para la protección de la integridad del territorio, ante la decisión de la Corte Internacional de Justicia de intervenir en la disputa entre Guyana y Venezuela por el Esequibo.

“Se establece un nuevo territorio marítimo de la República, como parte de la batería de acciones legales, constitucionales, políticas, diplomáticas y de Estado para nosotros defender nuestros sagrados derechos de 200 años de República”, dijo en una transmisión nacional.

Entre las disposiciones principales de este incluyen:

  • España mantiene el contacto con la oposición y el régimen de Maduro
  • La creación de una zona estratégica de desarrollo nacional denominada: Territorio para el Desarrollo de la Fachada Atlántica, con el fin de brindar protección adecuada y salvaguardar la jurisdicción de la República Bolivariana de Venezuela en los espacios continentales, áreas marinas interiores, limítrofes, históricas y vitales, submarinas, insulares, lacustres, fluviales, mar territorial, las comprendidas dentro de las líneas de base recta que ha adoptado o adopte la República Bolivariana de Venezuela, el suelo y subsuelo de estos, el espacio aéreo continental, insular y marítimo, los recursos u otros elementos de interés que en ellos se encuentren o se descubran, zona marítima contigua, plataforma continental y la zona económica exclusiva, incluyendo el aeroespacio, espacio ultraterrestre subyacente o cualquier otra dimensión que afecte la seguridad integral del territorio y la nación.
  • La zona estratégica de desarrollo nacional establecida mediante este Decreto estará dirigida y administrada por la autoridad única del territorio para el desarrollo de la fachada atlántica venezolana.
  • El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela designará a la autoridad única del territorio para el desarrollo de la fachada atlántica venezolana.
  • Entre las atribuciones de la autoridad única se encuentran: la protección, gestión y desarrollo del territorio de la fachada atlántica venezolana, entre otros.

Al respecto, Maduro instruyó a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, a garantizar el cumplimiento pleno de las disposiciones, así como a informarlas las implicaciones de las mismas al país.

El Esequibo

Este decreto se firmó en medio de un acto de instalación del Consejo de Defensa y Seguridad de la Nación, con la participación del Parlamento madurista instalado el 5 de enero, el cual carece del reconocimiento de gran parte de la comunidad internacional.

Fundamentalmente, el acto versó sobre la decisión de la Corte Internacional de Justicia de intervenir en la disputa entre Guyana y Venezuela por el territorio Esequibo.

“Instalamos oficialmente la sesión permanente y consulta del Consejo de Defensa y el Consejo de Estado para atender lo que tiene que ver con la infausta, infame e injusta decisión antijurídica de la Corte Internacional de Justicia, que tomó contra Venezuela en relación a la Guayana Esequiba, el 18 de diciembre del pasado 2020, hace 3 semanas”, dijo Maduro.

Cartas a la ONU y la CIJ

Al respecto, añadió que envió cartas a la ONU y a la Corte en cuestión.

Por un lado, dirigió una misiva al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, en la que solicita que se retome lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y reivindique los derechos históricos de Venezuela y que abogue por que la solución a la disputa territorial se consiga de forma amistosa entre las dos naciones involucradas.

Por el otro, Maduro aprobó una carta que la Cancillería enviará al presidente de la Corte Internacional de Justicia, Abdulqawi Ahmed Yusuf, en la que se exige que se le garantice a Venezuela el derecho a la defensa en lo concerniente al diferendo territorial sobre el Esequibo.

Además, se solicita que se aplace la audiencia solicitada por el presidente de la CIJ  para el 25 de enero, y propone  que se efectúe en abril, de manera presencial y con todas las medidas de seguridad correspondientes.


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