La ONG venezolana Fundaredes recordó este martes que su director, el activista Javier Tarazona, cumple 200 días de una injusta detención que comenzó en julio de 2021 y exigió su liberación.
«Hoy, 18 de enero, nuestro director general, Javier Tarazona, cumple 200 días de injusta detención. Javier tiene (lleva) más de 20 años promoviendo y defendiendo derechos humanos en Venezuela. Le exigimos al Estado venezolano, su liberación inmediata», escribió la ONG en Twitter.
La libertad de Tarazona, considerado como la principal voz de denuncia en el conflicto desatado en marzo del año pasado entre las Fuerzas Armadas y un grupo disidente de las FARC, ha sido solicitada por diversas organizaciones de defensa de derechos humanos como Amnistía Internacional (AI), que el pasado 14 de enero reiteró la solicitud y alertó sobre el deterioro de su salud.
«El preso de conciencia y defensor de derechos humanos Javier Tarazona debe ser liberado inmediata e incondicionalmente. Su situación de salud es grave y su detención (es) arbitraria (y) motivada por su defensa de derechos humanos», dijo AI en Twitter.
El pasado 20 de diciembre, AI había emitido una acción urgente con respecto al caso en la que catalogó al activista como «preso de conciencia» al «haber sido detenido arbitrariamente por su labor de defensa de los derechos humanos».
Los familiares de Tarazona también han asegurado que el activista, detenido en una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), corre peligro de muerte debido a su estado de salud y que su condición ha sido evaluada por los médicos del cuerpo de seguridad que lo mantiene detenido.
El pasado viernes, la esposa del activista, Kenny Molina, dijo que Tarazona padece hiperinsulinismo, problemas de frecuencia cardíaca elevada, arritmia cardíaca elevada e insuficiencia venosa grado II, entre otras patologías, y que su familia teme que, por estos problemas de salud, pueda sufrir una muerte súbita.
Inicialmente, fue arrestado junto a su hermano Rafael Tarazona y el también activista Omar de Dios García, excarcelados posteriormente aunque también deberán ir a juicio.
Todos ellos están acusados de terrorismo e instigación al odio.
Los tres fueron detenidos cuando acudieron a la sede de la Fiscalía en Coro, capital del estado Falcón, a denunciar que estaban siendo víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la policía, agentes Sebin y sujetos sin identificar, según denunció entonces Fundaredes.