El director ejecutivo de la ONG Human Rigths Watch, José Miguel Vivanco, se sumó ayer a decenas de voces que condenan el uso de la justicia militar para juzgar a civiles en Venezuela y reconocida por el Estado como política.

“Es una barbaridad. Resulta curioso que justo después de que la fiscal general Luisa Ortega Díaz criticó al gobierno y cuestionó que los partes de detención de la GNB no están bien hechos, el presidente Nicolás Maduro ordene que civiles sean procesados ante la justicia militar, donde controla a fiscales y jueces”.

Vivanco se refirió a la declaración de Ortega del miércoles 26 de abril, cuando relató que 38 personas detenidas en Nueva Esparta por la GNB fueron puestas en libertad a petición de la Fiscalía, porque no había un acta policial que explicara las “condiciones de modo, fecha y lugar en que esas personas incurrieron en delito”.

A juicio de Vivanco, la decisión de activar la justicia militar contra civiles “pareciera una maniobra burda para controlar el resultado de los procesos que, por lo demás, van en contra de los estándares básicos internacionales de derechos humanos”.


Ignoran derechos. En una entrevista vía correo electrónico, Vivanco tildó de inaceptable la represión contra cualquier manifestación pacífica y condenó la ejecución de maniobras por parte de la GNB y la PNB, totalmente contrarias al derecho internacional de los derechos humanos.

“La represión del disenso, por medio de la brutalidad policial y disparos indiscriminados de gases lacrimógenas, de detenciones arbitrarias y de abusos contra los detenidos, es propio de un régimen autoritario que se aferra al poder ignorando los derechos básicos de sus ciudadanos, incluso el de la libertad de expresión, pero también el derecho a la vida y la integridad física”.

Consideró “muy graves” la actuación de civiles armados y la desproporción de la respuesta de las fuerzas del orden público: “La existencia de colectivos armados que operan impunemente junto con las fuerzas de seguridad, cometiendo abusos contra los manifestantes, y los incidentes de uso indiscriminado de gases que afectaron a viviendas, e incluso centros de salud, son hechos muy graves que van contra un principio básico internacional que indica que el uso de la fuerza en el control de manifestaciones públicas debe ser proporcional”.

Con respecto al arrollamiento de un grupo de personas por parte de una tanqueta militar el miércoles 3 de mayo, enfatizó: “Sin ninguna duda, genera responsabilidad internacional del Estado si el hecho fue cometido por un funcionario público y en respuesta a una manifestación pacífica”.

“Un factor que agrava la situación en Venezuela, en particular, es que estos abusos ocurren con total impunidad porque no hay instituciones públicas en pie que logren actuar como un freno al Poder Ejecutivo”, concluyó.


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