Provea señala que el gobierno, a través de la fuerza pública, ha intensificado, en la última semana, la represión durante las protestas. El coordinador de la ONG, Rafael Uzcátegui, denunció que dentro de los nuevos patrones de represión se encuentra el empleo de alta tecnología para aumentar la persecución contra los opositores: la instalación de cámaras en los puntos de concentración y el uso de drones para fotografiar a los manifestantes y a quienes les prestan asistencia logística.
Añadió que han registrado cámaras en Plaza Venezuela, en las avenidas Victoria y Francisco de Miranda, la autopista Francisco Fajardo y en Los Ruices. Uzcátegui recordó que el Ejecutivo ha prohibido el empleo de drones, pero hace unos días se difundió la imagen de la destrucción de un equipo de este tipo en una manifestación.
“El uso de cámaras y de drones es para registrar y perseguir a quienes acuden a las protestas, periodistas incluidos, para captar a los manifestantes que se encapuchan o usan máscaras antes de su utilización. Se busca identificar y detener, con énfasis en los llamados jóvenes de la resistencia. El gobierno se ha propuesto debilitar la resistencia, deteniendo o intimidando a sus integrantes. Para ello emplea además propaganda a través de los medios públicos (para) generar la idea de que cualquiera podría ser identificado. Los funcionarios realizan operativos de inteligencia para ubicar los sitios donde los jóvenes pudieran resguardar sus implementos más llamativos, como los escudos. Se vienen aplicando castigos ejemplarizantes contra personas que han sido identificadas por dar algún tipo de apoyo logístico, como alimentos, a estos adolescentes”, informó Uzcátegui.
El coordinador de Provea afirmó que estas prácticas violan el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica, así como el derecho de manifestar.
Amedrentamiento. El nuevo patrón represivo documentado incluye un mayor uso de la fuerza motorizada de la GNB y de la PNB: “El gobierno venía conteniendo las manifestaciones luego de su inicio, reprimiendo, dispersando y dejando vías de escape para lograr la desmovilización, con el uso de tanquetas o columnas de funcionarios. Ahora la tendencia parece que es dispersar antes del inicio de la movilización, persiguiendo a los manifestantes con el uso de las unidades motorizadas para obtener la mayor cantidad de detenidos, cerrando las vías de escape”, señaló la ONG.
Otros patrones empleados son una mayor cantidad de allanamientos ilegales, masivos y selectivos, sin orden judicial; en los últimos días se reportaron allanamientos masivos en varias zonas de Caracas; la intensificación de las operaciones de terrorismo de Estado y el uso expansivo de la justicia militar a civiles.
Rafael Uzcátegui indicó que el Estado emplea armas no convencionales para evitar que se identifique a los agresores que reprimen en protestas. Esto va desde metras de vidrio y metal hasta trozos de cabilla, último implemento utilizado.
Advirtió que el aumento de la represión tiene como fin provocar reacciones violentas en los manifestantes, pero aclaró que esto solo ha tenido impacto en casos aislados. Añadió que el anuncio de la fecha de la elección de la ANC originó mayor radicalización en las redes sociales.
“La estrategia del gobierno es desesperar a los manifestantes para que pequeños grupos radicales opten por las vías violentas. El gobierno sabe que así será más fácil derrotar la rebelión popular pacífica que se desarrolla desde abril. Tendrá más posibilidad de justificar a escala nacional e internacional la represión masiva y selectiva y alejará a muchos que vienen participando”, afirmó la ONG.
Piden a Padrino investigar a militares
El coordinador de Provea, Rafael Uzcátegui, exigió que el ministro de la Defensa, general en jefe (Ej.) Vladimir Padrino López, vaya más allá del mensaje que dio en la FANB, el martes, cuando instruyó a la GNB a no violar derechos humanos y advirtió que no tolerarían atrocidades de miembros del componente castrense. Llamó a empezar investigaciones para establecer responsabilidades de los funcionarios presuntamente incursos en delitos y excesos durante las protestas. Repudió la protección institucional en el caso de funcionarios de la GNB sobre los que se dictó privativa de libertad por presuntos delitos en Lara. “Pero la respuesta del comandante de la GNB, mayor general Antonio Benavides Torres, fue cambiarlos a la región capital”.
“Los funcionarios realizan operativos de inteligencia para ubicar los sitios donde los jóvenes pudieran resguardar sus implementos más llamativos, como los escudos”