La delegación de Venezuela dijo este martes que propondrá a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que estudie el impacto de las sanciones que ejerce Estados Unidos sobre el país y su efecto en la región.
“Estamos proponiendo a la Cepal un estudio sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales no solamente a lo interno de la economía de Venezuela. Que ese estudio sería bien importante con la doble combinación a nivel interno y a nivel de la región”. Así lo indicó el viceministro para Temas Multilaterales del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela, Rubén Darío Molina.
Sanciones de Estados Unidos
Estados Unidos impuso sanciones a Venezuela a partir de 2017, durante la administración de Donald Trump (2017-2021). Incluyeron la prohibición de comercializar bonos del Tesoro venezolano en mercados financieros estadounidenses; hacer negocios con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y hubo sanciones sobre funcionarios venezolanos.
El segundo día del 39 período de sesiones de la Cepal transcurre en Buenos Aires. Allí el funcionario venezolano recalcó: “Las medidas coercitivas juegan un papel clave, fundamental en contra».
Pero quiso llamar la atención a la región de que “el impacto de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela no es nada más contra Venezuela”. Esto porque, según él, para que ese país pueda contribuir dentro de la región con todas sus potencialidades «se lo impiden las medidas coercitivas unilaterales”.
Y recordó que en Europa están ávidos de energía y Venezuela juega un papel que calificó de “fundamental” con la mayor reserva de petróleo de la región y la quinta de gas.
Molina advirtió que medir a Venezuela “con los mismos indicadores que un país que no tiene medidas coercitivas unilaterales es imposible. Y no es viable hacerlo como si todos los países compartieran los mismos estándares.
El viceministro venezolano agregó que el “bloqueo” que sufre Cuba hace 60 años “también tiene impacto en la región”.
Inversión externa en Cuba
Antes, la delegación cubana también alertó que el embargo de Estados Unidos, impuesto en 1962, le impide a la isla atraer inversión extranjera directa y financiamiento externo para el desarrollo de Cuba.
La viceministra de Comercio Exterior y la Inversión de Cuba, Déborah Rivas Saavedra, explicó que el Estado cubano trabaja “a fin de impulsar la inversión” tanto con flujos del sector público como con flujos privados nacionales y extranjeros.
“En particular, se hacen considerables esfuerzos por mejorar la captación de los flujos de inversión extranjera directa”, dijo.
«Pero el bloqueo comercial y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba por más de 60 años, recrudecido sin precedentes durante la pandemia; la aplicación en todo su alcance extraterritorial de la ley Helms-Burton; y la arbitraria inclusión de Cuba en la lista patrocinadores del terrorismo con el principal obstáculo para alcanzar su desarrollo y cumplir con sus planes», indicó la funcionaria.