El Foro Penal Venezolano registró 2.977 detenidos y 69 muertos en el contexto de las protestas, desde que comenzaron el 1° de abril los reclamos en contra del presidente Nicolás Maduro. Son 3.000 los heridos en 2 meses.
Alfredo Romero, director ejecutivo del FPV, indicó que entre los detenidos se cuentan 316 mujeres y 196 menores de edad. Precisó que 1.351 personas aún están bajo arresto. Precisó que 80% de los detenidos son jóvenes y 60% estudiantes; 386 fueron privados de libertad, 197 por tribunales militares.
Aseguró que la entidad con más arrestos es Carabobo, seguido de la Gran Caracas y los Altos Mirandinos. Recalcó que en esta última zona se incrementaron las violaciones a los domicilios y las agresiones al derecho a la propiedad.
Dijo que en el grupo de muertos se incluía a quienes participaron en saqueos o en accidentes contra barricadas, además del funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana presuntamente linchado en Barquisimeto. Han contabilizado 49 personas que murieron o fueron asesinadas directamente en las protestas. La cifra contrasta con la del Ministerio Público, que registró 60 muertes en las protestas hasta el lunes 29 de mayo.
Del total de detenidos, 373 fueron presentados en tribunales militares “violando los tratados internacionales y nuestra Constitución”, alertó.
Se incrementó a 309 la cantidad de presos políticos, en la que se incluyen 118 estudiantes, 32 militares y 12 políticos. De ese total, 21 son mujeres.
Abuso de poder. Alfredo Romero condenó el uso de metras para reprimir las manifestaciones: “La utilización contra manifestantes desarmados –aunque tengan escudos– es básicamente letal. Es contrario a los derechos humanos y son responsables de esas agresiones no son solo quien dispara, sino también quien lo permite”.
Señaló que si bien en ocasiones los manifestantes utilizaron instrumentos no lícitos para defenderse, como bombas molotov o agredieron a funcionarios, no era igual la fuerza del Estado y la de quienes los adversaban. “Hay una diferencia muy grande entre los equipos antimotines sofisticadísimos que existen en Venezuela comparándolos con quienes protestan”.
Si bien no abundó en detalles sobre los casos de tortura o tratos crueles e inhumanos, subrayó que ha quedado constancia en las declaraciones de las víctimas ante los tribunales. “El problema de la tortura es que solo hay dos testigos: el que tortura y el torturado, por lo que no es fácil de demostrar”, expuso.
Advirtió que el FPV está en contra de una constituyente unilateral, “basada en el abuso de poder”, sin que la voluntad popular sea la que decida: “Es inconstitucional tal y como está planteada. No puede haber transformación del Estado basado en la voluntad de un individuo, que es el presidente de la República. Él puede convocarla, pero el pueblo debe votar si quiere esas bases. Ese es el elemento fundamental”.
Alonso Medina Roa, también director del Foro Penal Venezolano, señaló que utilizar la justicia militar violenta el principio de imparcialidad, “porque los jueces militares son designados en atención a una terna que presenta el ministro de la Defensa al Tribunal Supremo de Justicia y la fiscal general militar es una funcionaria designada por el Ejecutivo a través del ministerio”.
Afirmó que la estructura de la justicia militar en Venezuela violenta lo que son los principios generales del derecho. “No es nada más la gravedad del principio del juez natural o la gravedad de someter a civiles en procesos militares, es que las expresiones relacionadas con la protesta sean precalificados como delitos militares. Esa es la mayor vergüenza que hemos visto para el derecho en los últimos tiempos”, concluyó.