Por segunda vez, y en menos de 15 días, la fiscal Luisa Ortega Díaz acudió al Tribunal Supremo de Justicia para exigir justicia y expresar su rechazo al fallo de la Sala Constitucional que declaró inadmisible su recurso de aclaratoria sobre el alcance de la sentencia No. 378 que avaló los trámites del gobierno para convocar a una asamblea constituyente.
En vista de que la Sala Constitucional desconoció su autoridad como titular del Ministerio Público para representar a los ciudadanos, apeló al pueblo para que apoyen el recurso contencioso que introdujo ayer ante la Sala Electoral contra la constituyente.
“Pido a todos los habitantes del país que rechacen la Constituyente. Acudan al TSJ, piso 4 de la Sala Electoral, si está en desacuerdo con la Constituyente y hágase parte, como tercero, de los recursos para que declaren nulos la convocatoria (presidencial)”, clamó Ortega Díaz, de manera firme, en la sede del máximo tribunal, con lo cual invocó el artículo 333 de la Constitución que obliga a los ciudadanos y autoridades a restablecer la vigencia de la Carta Magna.
Nulidad total
El recurso de la Fiscalía General busca que el TSJ declare nulos los efectos de la constituyente, es decir, el decreto presidencial que no cumplió las leyes al ignorar al pueblo, las bases comiciales por ser inconstitucionales, y los actos del CNE (postulación de candidatos, las bases, los actos administrativos no publicados en la Gaceta Electoral).
“Una constituyente no se construye de espaldas al pueblo. El CNE, como poder, debe velar por la Constitución. Oí a una rectora decir: ‘El CNE no dirime constitucionalidad’ cuando está claro que la Constitución no pierde vigencia, así fuese derogada por fuerza mayor y que todo ciudadano, según el artículo 333, investido o no de autoridad, está obligado a restituir su vigencia. Sea magistrado, rector, fiscal, contralor, obrero militar o estudiante tiene que colaborar en el restablecimiento de la Constitución; es una orden”, emplazó, sin mencionar a la rectora Tania D’Amelio.
Ortega Díaz argumentó que el CNE violó el principio según el cual los derechos no pueden ser menoscabados; así como vulneró el derecho al sufragio y la soberanía constitucional: “Este recurso es para defender la soberanía popular, la Constitución, la democracia participativa y protagónica y a los venezolanos. Aquí está en juego el país, la integridad de Venezuela, la paz y el respeto que nos merecemos. La ANC destruye el principal legado de Hugo Chávez. El chavismo es una corriente de pensamiento; no es un partido, es una filosofía de vida”, dijo.
Luego, sin nombrarlo, criticó a los promotores de la ANC, como Isaías Rodríguez, Aristóbulo Istúriz y Diosdado Cabello, que han revelado lo que harían los constituyentes: “Los llamados a la constituyente han sido agresivos. ‘Los vamos a aniquilar’; ‘a poner presos’ y quienes no apoyen la constituyente será juzgado por traición; son fascistas, terroristas. Frases agresivas, amenazantes. Así no podemos vivir. La paz se construye colectivamente. No debe ser impuesta por un único actor o bando. Llamo a la paz”.
Justificó que pidió al TSJ que aclarara el alcance de la sentencia No. 378 sobre la ANC porque entendía que esa propuesta deroga la democracia participativa y protagónica, la supremacía constitucional, el principio de soberanía y la progresividad de los derechos humanos para que el Poder Judicial rectificara.
“El maquillaje de sentencias” en el Poder Judicial
La fiscal Luisa Ortega Díaz calificó los cambios en las sentencias que eliminaron las atribuciones de la Asamblea Nacional de “maquillajes”.
“La Sala Constitucional señaló que no tenía legitimidad para solicitar aclaratorias, aún cuando constitucional y legalmente estoy facultada. Hace dos meses, con las sentencias 155 y 156, que violaron el orden constitucional, hubo una aclaratoria inaudita del TSJ. Preguntó por qué no solicité aclaratoria y reconocía que cualquier ciudadano, con o sin autoridad, podía hacerla. Es decir, ‘el maquillaje’ a las sentencias 155 y 156 dio legitimidad a la fiscal y, dos meses la pierde. Esa es la inseguridad jurídica que he denunciado. Ese ‘maquillaje’ no resolvió el tema del orden constitucional. El pueblo merecía esa aclaratoria. Se la debemos a los ciudadanos si estamos en democracia participativa y protagónica, si hay progresividad del derecho ante la feroz represión”, afirmó en el TSJ.
Antes de que RNC sacara del aire el programa de la Fiscalía, el vicefiscal Rafael González Arias advirtió que la amenaza del TSJ de despojar el monopolio de la acción penal al Ministerio Público atentaría contra la imparcialidad e independencia en un proceso penal.
La directora de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, solicitó al ministro de Comunicación, Ernesto Villegas, que informe por qué dijo que había 80 fallecidos en manifestaciones desde abril, en vista de que ellos conocen 67 casos, y 1.307 lesionados; hacen 122 investigaciones por daños a la propiedad pública y 255 a la privada.
Informó que presentarán ante un tribunal de control del Área Metropolitana de Caracas a los GNB, Rusbel González, Endry Trolla, Yorman Martínez, Enrique Patermina, Miguel Figueroa y Eddinson Guanipa, acusados de robo a manifestantes, el 5 de junio.