Ayer se cumplió un mes del entierro del concejal del municipio Libertador de Caracas Fernando Albán, y hasta la fecha su esposa e hijos, que residen en Nueva York, no ha tenido acceso a la autopsia ni mucho menos al expediente de la investigación oficial.
Después de más de 30 días de silencio, Meudy Osio envío una carta en nombre de la familia del dirigente de Primero Justicia. Cuestionan el comportamiento de funcionarios del gobierno ante la muerte de Albán, que ocurrió en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Plaza Venezuela el 5 de octubre.
“Hasta hoy solo somos consciente de que Fernando y su familia fuimos víctimas de una cruel persecución desde 2016”, señala la misiva, en la que también aseguran que el edil murió bajo la custodia del Estado y que el “supuesto suicidio” se verificó en circunstancias inexplicadas.
Criticaron las incongruencias en las declaraciones sobre el caso formuladas por Tarek William Saab, fiscal designado por la asamblea nacional constituyente: “¿Por qué Saab mintió diciendo que ha entregado a los familiares la autopsia, cuando eso es radicalmente falso? ¿Por qué no se conoce con certeza quién realizó la autopsia, ni sus credenciales profesionales? Si supuestamente existe una investigación sobre la muerte, ¿por qué no se ha notificado a ningún familiar? ¿Por qué Saab en vez de verificar una investigación transparente, amenaza a quienes señalen que se cometió un homicidio?”.
El abogado Joel García indicó que de la investigación conocen lo que ha manifestado Saab en ruedas de prensa y lo que pudieron leer del expediente en una oportunidad, cuando solicitaron copia de ese documento que aún no les han entregado.
“Una vez que pudimos conocer el expediente, podemos aseverar que Albán no se suicidó. Las copias son necesarias para solicitar diligencias de investigación, refutar o verificar lo que allí está”, agregó.
La familia del concejal denunció que el dirigente de Primero Justicia fue víctima de detención arbitraria, desaparición forzada, incomunicado y sometido a un proceso judicial “plagado de violaciones del debido proceso”.
El concejal de Libertador Jesús Armas dijo que la muerte de su compañero fue por exceso policial. “Cada vez que se refieren al caso, la Fiscalía y el Ministerio lo que hacen es oscurecer más los hechos. Por ello pedimos que se aclare al país lo que realmente sucedió con Albán”, manifestó en una protesta de militantes de Primero Justicia ayer en el bulevar de Sabana Grande.
En la tarde celebraron una misa en memoria de Albán en la parroquia de la Universidad Central de Venezuela, donde el edil y su esposa sirvieron durante años.
Ayuda internacional. La familia de Albán exige que se apliquen los protocolos de Minnesota y Estambul, que indican lineamientos internacionales de investigación y de derechos humanos, debido a que las características del caso encuadran en los estándares de “muerte potencialmente ilícita” y por las torturas a las que podría haber sido sometido el concejal.
También solicitan una investigación independiente y piden a la Asamblea Nacional, la Organización de Estados Americanos y la Organización de las Naciones Unidas que intervengan en el caso para hacer justicia. “Tenemos derecho de saber lo que le ocurrió a Fernando, y en Venezuela no contamos con un sistema que pueda garantizar que se haga justicia”, señalan.