Familiares y abogados de los estudiantes de la UPEL que fueron detenidos en Maracay el pasado 24 de julio denunciaron que los jóvenes llevan más de 20 días en aislamiento.
Los universitarios fueron trasladados la semana pasada de la cárcel El Dorado, en Bolívar, al Centro de Formación del Nuevo Hombre Libertador, al lado de la cárcel de Tocuyito, en Carabobo.
Zuleima Zizo, miembro del equipo de la defensa, señaló que en el centro de reclusión donde están ahora señalan que los estudiantes están en una “fase de adaptación”.
La abogada aseguró que prácticas como el aislamiento no son más que un castigo para los manifestantes. “Ellos solo estaban protestando, no son unos delincuentes”, enfatizo.
Katerin Aray, esposa de Kevin Rojas, uno de los jóvenes detenidos, dijo que aunque fueron cambiados de un centro de reclusión a otro y las condiciones han cambiado significativamente, siguen privados de libertad injustamente.
“La última vez que hablé con Kevin tuvimos una conversación de tres minutos. Me dijo que los muchachos están en mejores condiciones, reciben alimentos, les entregaron artículos de aseo personal, así como colchones”, expresó.
Agregó que Rojas sigue débil debido a que en El Dorado contrajo paludismo y, aunque pudo realizarse el tratamiento médico, gracias a las donaciones que recibieron sus familiares, a la fecha las autoridades no le han practicado nuevos exámenes médicos para determinar si ya superó la enfermedad.
Aray dijo que mantiene la esperanza de que los estudiantes sean liberados en la audiencia preliminar del próximo 27 de septiembre. Zizo agregó que espera que el tribunal no omita el sobreseimiento de la Fiscalía Militar y proceda a la liberación inmediata de los jóvenes.
Familiares de los estudiantes invitan a la audiencia preliminar para que los acompañen en su regreso a la libertad.
Rojas es uno de los 21 jóvenes cuyo caso fue sobreseído tras la petición de la fiscal militar Katiuska Ochoa Chacón, mayor de la Aviación. De este beneficio procesal fueron excluidos los jóvenes Boris Quiñónez, Kenny Colmenares, Mitchell Sosa, Brigitte Herrada y Alex González, presidente de la Federación de Centros Universitarios de la UPEL.
En el limbo. Los abogados de Raúl Emilio Baduel y Alexander Tirado, Omar Mora Tosta y Theresly Malavé, denunciaron que el caso permanece en un limbo jurídico.
“Ya son tres años y medio desde que la jueza Iris Araujo condenó a Baduel y Tirado en una audiencia de apelación sin su presencia, y los mantiene encarcelados en Aragua cumpliendo una suerte de condena anticipada”, denunció Mora Tosta.