sancionados rectores
Foto: Archivo

Este jueves en la tarde se concretó la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y entre los rectores se encuentran funcionarios del oficialismo sobre los que pesan sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Amoroso y Quintero

El caso más llamativo es el de Elvis Amoroso, quien hasta ahora ocupaba el cargo de contralor general de la República, y que además de rector principal presidirá el ente electoral.

Amoroso está sancionado desde 2017, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una medida administrativa acusándolo de estar involucrado en fraudes electorales y censura a los medios de comunicación.

También está sancionado desde marzo de 2018 por el gobierno de Panamá, que lo considera de alto riesgo por blanqueo de capitales.

Otro de los rectores principales sobre los que pesan sanciones es Carlos Quintero, quien al igual que Amoroso tiene una sanción del Departamento del Tesoro estadounidense desde 2017 y otra en Panamá desde 2018.

Fabio Zavarse Pabón

Entre los rectores suplentes también figuran funcionarios ligados con el chavismo que están sancionados. Uno de ellos es Fabio Zavarse Pabón, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES). Anteriomente, fue comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Zavarce está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desde 2018, señalado de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en la protestas de 2017. Por lo cual tiene también una acusación por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional (CPI).

Así mismo, el gobierno de Panamá lo acusa de corrupción y lo relaciona con presuntas actividades de narcotráfico involucradas con Walid Makled.

Gustavo Vizcaíno

Otro rector suplente que está sancionado es Gustavo Vizcaíno, director del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería de Venezuela (Saime), quien recibió una medida administrativa del Tesoro desde diciembre de 2019. Se le acusó de cobrar miles de dólares a los solicitantes venezolanos por los pasaportes y transferir el dinero a sus propias cuentas.

 


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