“Se puede hacer una revolución pacífica a través de los 47.000 consejos comunales y 2.600 comunas”, afirmó el presidente Nicolás Maduro durante el I Congreso Nacional de Comunas Movimientos Sociales, celebrado el 20 de octubre. Benito Urrea, coordinador general de la Mesa Social de Caracas; Ismael García, director ejecutivo de Fundavecinos, y Wilter Ochoa, representante de la Asociación de Vecinos 100% Santa Mónica, advierten de los riesgos que representa el modelo que el gobierno pretende imponer. Aseguran que se avanza, de manera silenciosa, hacia la consolidación del Estado comunal.
Urrea afirmó que uno de los riesgos de ese modelo es que se perdería la economía privada porque se instauraría un modelo de propiedad colectiva de producción y propiedad social, como ocurrió en la Alemania democrática, China y Cuba. “El Estado comunal destruye el derecho a la propiedad, la iniciativa privada y la libre competencia que funciona en una economía democrática”, señaló.
Recordó que el mandatario ordenó a la asamblea nacional constituyente, durante el Congreso de Comunas, darle rango constitucional, reformar, mejorar y ampliar las leyes del poder popular, las cuales, aseguró, son el marco legal de Estado comunal.
Sin embargo, la intención del gobierno de imponer un Estado comunal no es nueva. En 2007 el presidente Hugo Chávez promovió una fallida reforma constitucional que contenía una serie de conceptos e instituciones que formaban parte de la “nueva geometría del poder” y “la explosión del poder popular”, contenidas en los “cinco motores de la revolución” y ahora en el plan de la patria.
El artículo 10 de la Ley de las comunas, promulgada en 2010, define el Estado comunal como una “forma de organización política-social (…) en la cual el poder es ejercido directamente por el pueblo, a través de los autogobierno comunales, con un gobierno económico de propiedad social y de desarrollo endógeno y sustentable (…) La célula fundamental del Estado comunal es la comuna”.
Urrea explicó que los autogobiernos de comunas son elegidos a mano alzada por los consejos comunales, que son una organización funcional del Partido Socialista Unido de Venezuela. “No son como las asociaciones de vecinos que eran independientes de partidos políticos, sino un apéndice del PSUV”, agregó.
García y Ochoa coincidieron en que con ese modelo también se acabaría con las municipalidades. “Pretenden desmontar las alcaldías y los concejos municipales para crear las figuras que existen en la Ley de las comunas –como consejo de economía, consejo de contraloría, parlamento e instancias del poder popular comunal–”, denunció Ochoa.
Urrea añadió que además se eliminaría el derecho a la organización con fines pacíficos, de elegir y ser elegido, a la libre expresión del pensamiento y a la protesta y huelga, establecidos en los artículos 52, 63, 58, 57 y 68 de la Constitución. “El gobierno quiere que las comunas asuman el papel de legislación para terminar de socavar la democracia”.
Los dirigentes sociales destacaron la necesidad de organizar las asociaciones de vecinos y comunidades para defender los municipios ante esa amenaza. “Ellos plantean las comunas; nosotros tenemos que defender los municipios, que es lo que tenemos dentro de la Constitución”, manifestó Ochoa.