Varios elementos confirmarían que la Fuerza de Acciones Especiales y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana montaron un falso positivo en el asesinato de cuatro miembros de una familia en El Ripial, estado Apure, durante los enfrentamientos armados en contra de guerrilleros colombianos.
Los cuerpos de Luz Remolina, de 40 años de edad, Emilio Ramírez, de 42 años, Ehiner Villamizar, de 20, y Jeferson Ramírez, de 17 años de edad, aparecieron tirados en una zona rural. Allegados aseguraron que los oficiales se los llevaron en una tanqueta negra, como a otros vecinos, del barrio 5 de Julio de la parroquia Urdaneta de La Victoria, donde vivían.
Pero este grupo, sin embargo, fue el único que no regresó.
En las fotografías difundidas en las redes sociales aparecen los cadáveres prácticamente en la misma posición, con armas y granadas puestas a pocos centímetros de sus manos derechas, con vestimentas que no corresponden a las que usan los guerrilleros en combate y con heridas similares, especialmente en los brazos.
Esos aspectos los planteó el analista internacional Andrei Serbin Pont, director de la Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, en una entrevista con El Nacional, en la que aseguró que, aunque no son evidencias determinantes, ya generan sospechas de que hubo algún tipo de irregularidad y la posibilidad de que haya sucedido un falso positivo en El Ripial.
«Cuatro cuerpos que se encuentran en la misma posición ya generan sospechas. Segundo, tenemos las armas, en ese caso, pistolas y granadas, todas puestas a pocos centímetros de la mano derecha de cada uno de los muertos, como si simplemente cayesen así», manifestó el experto.
«El tercer elemento tiene que ver con los supuestos uniformes que utilizaban: dos de ellos tenían botas militares que no parecen estar embarradas, que no parecen estar sucias, uno de ellos tiene un pantalón atado con una cuerda, ni siquiera tiene un cinturón adecuado. La mujer usaba pantalón y un calzado deportivo ajustado, no es exactamente el equipamiento táctico que llevarías para combatir», añadió.
Esos elementos, enfatizó Serbin Pont, hay que sumarlos, aunque aclaró que nada de lo que expuso son evidencias rotundas de que los hechos que ocurrieron el 24 de marzo se tratan de un falso positivo.
¿Falso positivo en El Ripial?
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana dijo en una minuta que supuestos terroristas fueron neutralizados en una operación conjunta del Escudo Bolivariano Lanceros de Apure con funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales.
En el reporte oficial se alegó que los ciudadanos, presuntamente, se enfrentaron a la comisión. Y se aseguró que les incautaron armas de fuego, granadas de mano, cilindros explosivos, pertrechos y uniformes militares, insignias y revistas de las FARC.
Edinson Emir Ramírez sobrevivió. En ese momento no estaba en la vivienda porque había salido a trabajar, según declaró a la prensa el día del funeral de su madre, su padre, su hermano y su tío. Negó que las víctimas estuvieran vinculadas con la guerrilla.
Los cuerpos fueron trasladados el 28 de marzo a Arauquita, en el departamento de Arauca, en Colombia, para ser sepultados.
«Mi familia, mi madre más que todo, era dama de hogar, ella no salía de la casa; mi papá todo el tiempo había sido campesino. Tenía sus cultivos, un hombre muy trabajador, muy honesto. Pido que se haga justicia y se respeten los derechos humanos; que se limpien los nombres de ellos porque no eran guerrilleros como lo están diciendo. Nosotros no tenemos vínculos con la guerrilla, no tenemos vínculos con nadie», dijo.
Yanilce, hermana de Luz Remolina, afirmó en días pasados que los funcionarios entraron a la casa y se llevaron a sus allegados simplemente porque tenían cédulas colombianas.
«Les pusieron armamentos, les pusieron uniformes, les pusieron botas. El gobierno venezolano masacró a la mitad de mi familia. Yo le trabajé 18 años en cuatro instituciones del Estado y el pago que me dan es masacrando a mi familia, simplemente porque tienen una cédula colombiana», manifestó.
Posibles violaciones de DDHH
El fiscal general del chavismo Tarek William Saab informó el 27 de marzo, dos días después de los asesinatos, que el Ministerio Público envió a Apure una comisión para esclarecer los hechos ocurridos en El Ripial.
En total, 12 expertos realizarían inspecciones técnicas en los sitios del suceso, experticias planimétricas, de trayectoria balística, protocolos de autopsia y otras necesarias para establecer posibles acciones violatorias a los derechos humanos.
Saab, sin embargo, no habló del caso de esta familia en específico.
Vladimir Padrino López, ministro chavista de Defensa, respaldó la medida del Ministerio Público, pero en una rueda de prensa que ofreció el 28 de marzo no mencionó el procedimiento, ampliamente denunciado en las redes sociales.
La masacre de El Amparo
Marino Alvarado, coordinador de la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, comparó esta presunta masacre de El Ripial con la de El Amparo, ocurrida en 1988, cuando policías y militares asesinaron a 14 pescadores y los presentaron como guerrilleros.
“A los pescadores les pusieron uniformes y les sembraron armas. Generales y oficiales de las policías involucradas insistieron en que eran guerrilleros, pero la mentira se desmoronó. Años después el Estado venezolano asumió la responsabilidad”, dijo.
Robos, detenciones y desapariciones
Javier Tarazona, director de la organización no gubernamental Fundaredes, que le ha hecho seguimiento a las actuaciones de grupos armados irregulares en el país, denunció en las últimas horas robos en las viviendas abandonadas en La Victoria, además de detenciones arbitrarias y desapariciones de pobladores.
“La opacidad que impera en el conflicto de Apure facilita que hechos como este que han ocurrido permanentemente como patrón en Venezuela se repitan. Exigimos investigaciones serias y con resultados públicos. Pareciera reeditarse la masacre de El Amparo, una ejecución de un falso positivo”, publicó en Twitter el defensor de derechos humanos.