Claudia Patricia Díaz Guillén, ex tesorera de la Nación y enfermera del fallecido presidente Hugo Chávez, aseguró que si España la extradita a ella y a su marido, Adrián Velásquez, ex miembro de la Guardia Presidencial, serán “rehenes políticos”.
«Si España llegara a acceder a nuestra extradición, seríamos unos rehenes políticos allí. Nos llevarían a las cárceles de ‘La Tumba’ . Pasaríamos a la historia como unas personas que fueron torturadas», dijo Díaz Guillén a El Mundo de España.
El Juzgado de Instrucción 28 de Madrid investiga a la pareja por un presunto delito de blanqueo de capitales por la compra de una vivienda por 1,8 millones de euros.
«El proceso para obtener el piso fue avalado por la ley de blanqueo de capitales de España. Todo estuvo legalmente conforme. Esta investigación es producto de la solicitud de extradición de Venezuela», comentó la enfermera.
La mujer señaló que el gobierno venezolano pretende acusarla de delitos que no cometió.
A Díaz Guillén se le acusó de cometer irregularidades durante su gestión en la Oficina Nacional del Tesoro y en el Fondo para el Desarrollo Nacional (Fonden). Sseñaló que todo su dinero se lo ganó trabajando.
“Soy una servidora pública que me gané mi dinero por mi trabajo. Me lo gané bien ganado y he sido una mujer que por mis méritos propios y por mi profesionalidad llegué a esos cargos. Ganaba el dinero justo que tenía que ganar por trabajar. Al igual que yo, muchas personas se han visto afectadas. Desde que murió el presidente Chávez a ahora, ha habido una ruptura”, indicó.
Díaz Guillén no precisó cuánto dinero ganaba cuando era tesorera, pero aseguró que “era una muy importante cantidad de dinero”.
“Mi sueldo era suficiente, más que suficiente para cubrir mis necesidades. A mí me pagaban en dólares y pasan de las 500 comisiones que hice al exterior”, aseguró. La mujer afirmó que el dinero que obtenía lo ahorraba y lo invertía en bienes.
“Todo el dinero de mis ahorros, Venezuela lo bloqueó. De hecho, los apartamentos que adquirí antes de ser tesorera los confiscaron y, actualmente, viven allí personas autorizadas por el gobierno”, detalló.
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