La actualización del informe sobre Venezuela, presentada el lunes por Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, reconoce la existencia de una importante normativa ambiental en el ámbito constitucional y legal, pero a la vez declara que estas normas no son aplicadas por el Estado.
Es decir, si el Estado no aplica las leyes, las leyes no protegen al ciudadano, explica la organización Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos en un resumen sobre las conclusiones de Bachelet.
El informe de Bachelet expresa preocupación por la situación en el Arco Minero del Orinoco debido a la falta de transparencia sobre operaciones, procesos de participación, estudios de impacto ambiental y sociocultural, acción para frenar la minería ilegal y los grupos armados.
Por su parte, para la organización Clima 21, Ambiente y Derechos Humanos es sorprendente que no se haya incluido otros efectos de la minería tales como la esclavitud moderna, tráfico de personas incluyendo menores de edad, peores formas de trabajo infantil, deforestación, contaminación por mercurio, entre otros.
Bachelet afirma que se ha producido un aumento de los derrames de petróleo y que estos afectaron ríos, lagos, zonas costeras y áreas protegidas. «Nos asombra que afirme que el gobierno habría actuado para contener los impactos y reparar los daños antes mencionados», dijo la organización.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos solicitó al Estado suministrar información sobre los temas relacionados con los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, incluidos los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. También alienta al Estado a firmar y ratificar el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), que entró en vigor el 22 de abril de 2021,
«Dicho brevemente: el informe dejó fuera temas como la violación del derecho al agua y al saneamiento, del derecho a un ambiente sano y los relacionados con la conservación de la biodiversidad y el cambio climático», escribió la organización en el resumen.
Y agregó: «No ahondó en la situación actual derivada de las industrias extractivas, principalmente minería y petróleo, y su relación con los derechos humanos. Tampoco avanzó en el análisis de las situaciones presentadas más allá de lo incluido en sus informes anteriores».
Finalmente, la organización manifestó que sociedad civil venezolana debe seguir trabajando para llenar los vacíos de información y documentar las situaciones existentes de tal manera que se pueda seguir avanzando en establecer la situación de Venezuela en materia de derechos humanos ambientales.