Cuando Jarvin Soto desapareció en un paso fronterizo ilegal entre Venezuela y Colombia el 13 de octubre de 2022, su familia comenzó a buscarlo en esa compleja zona, conocida como «trocha», para encontrarlo muerto 10 días después. Su caso se computa entre las 334 desapariciones registradas en el mismo territorio el año pasado por la ONG Fundaredes.
Según la organización, en los 2.219 kilómetros de frontera se contabilizan al menos 400 pasos ilegales, escenario de secuestros y desapariciones debido a su control en manos de grupos armados irregulares.
La incertidumbre pesa sobre desapariciones como la de Jarvin, cuya muerte aún no está esclarecida para su hermano Georgi Soto, quien aseguró a Efe que fue un secuestro y posterior «ajusticiamiento», del que responsabiliza a cuerpos de seguridad y a la guerrilla del ELN.
Aunque en este caso se conoció el desenlace, continúa la búsqueda, sin éxito, de desaparecidos hace años, con la esperanza de familiares de encontrarlos con vida.
Sigue la violencia
El restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela el pasado agosto, tras siete años de ruptura, marcó también la reapertura de los pasos legales, pero para la investigadora de Fundaredes Adriangela Álvarez eso no frenó la violencia en la zona.
«Los familiares de las víctimas no han tenido respuestas, no tan solo de los desaparecidos, sino también de las personas que han asesinado en las trochas. Estas personas siguen esperando que investiguen estos atroces crímenes que hoy dejan algún espacio vacío en los hogares venezolanos», dijo Álvarez a Efe.
De acuerdo con datos de Fundaredes, a la cifra de 2022 se suman 36 casos de desaparición en los estados fronterizos, registrados entre enero y febrero de 2023, mientras las familias siguen pidiendo investigaciones «esclarecedoras» y castigo para los culpables.
El periplo de quienes buscan
Georgi Soto contó a Efe que desconocidos obligaron a su hermano a subir a un vehículo tras llevarse la motocicleta que conducía en San Antonio del Táchira, ciudad que colinda con Cúcuta, en Colombia.
Al saber de la desaparición, Soto fue a las «trochas», donde, pese a haber recibido amenazas, se reunió con líderes de grupos armados para tratar de localizar a su hermano.
«Yo lo conseguí (encontré) a él el sábado 22 (de octubre de 2022) y me dicen que fue asesinado en un enfrentamiento con la Policía Nacional (…) él fue secuestrado por la guerrilla y en la morgue declaran, los que llevaron el cuerpo, que fue un enfrentamiento policial», dijo antes de explicar que la víctima recibió dos impactos de bala «a quemarropa» en el pecho.
Tras el hallazgo, la familia, que residía en el estado fronterizo Táchira se vio obligada a huir por las amenazas y persecuciones que sufrieron durante la búsqueda.
Un asunto legislativo
El diputado opositor Juan Carlos Palencia, miembro de la Subcomisión de Integración y Asuntos Fronterizos del Parlamento, explicó a Efe que en los últimos siete años se han instalado grupos irregulares en las «trochas» que atraviesan el río Táchira, entre el estado venezolano del mismo nombre y el departamento colombiano Norte de Santander.
Palencia, que pidió recientemente al Congreso colombiano crear una comisión binacional para investigar las desapariciones, dijo que las dificultades para indagar esos hechos están relacionadas con el miedo a denunciar y la desconfianza de los familiares para acercarse a quienes intentan visibilizar los casos.
Aseguró que la subcomisión parlamentaria lleva dos meses recabando denuncias de desapariciones y ha documentado 87 en Venezuela y alrededor de 123 desde Colombia, gracias al apoyo de ONG y grupos organizados en el país cafetalero.
Las desapariciones mencionadas por Palencia corresponden a personas de ambas nacionalidades y han tenido lugar entre 2015 y 2022, años en los que esa zona estuvo «abandonada».
«Esto es un caso totalmente delicado y preocupante porque vemos que los Estados, tanto Venezuela como Colombia, no le han prestado la debida atención y quedan desaparecidos», reflexionó.
Afirmó que, aunque están en fase de levantamiento y organización de las denuncias, esperan elevar el caso a la plenaria del Parlamento venezolano y solicitar investigaciones a la Fiscalía, así como respaldo a la Defensoría del Pueblo.