“Iván Simonovis no se escapó, lo liberamos. Como parte de la Operación Libertad, firmamos un indulto al comisario, que fue ejecutado por fuerzas democráticas leales a nuestra Constitución tanto del Sebin como de nuestra Fuerza Armada”, escribió cerca de las 2:30 pm de este jueves el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
Luego de 14 años, 4 meses y 24 días, el comisario escapó de la detención de casa por cárcel, ante las narices del recién reenganchado director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González López, que el 12 de abril mandó a colocarle un segundo grillete electrónico.
Con esto quedó esclarecido parcialmente un amanecer de especulaciones acerca de la situación del comisario de 59 años de edad, que se encontraba bajo arresto domiciliario desde el 17 septiembre 2014, cumpliendo su condena de 30 años por estar presuntamente implicado en los hechos de violencia registrados en Puente Llaguno el 11 de abril de 2002, cuando ejercía como jefe de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía Metropolitana de Caracas.
Simonovis, uno de los primeros presos políticos del chavismo, conocido como el “prisionero rojo”, fue detenido el 22 de noviembre de 2004, sin haber sido citado por la Fiscalía General de la República, sin imputación de cargos y sin orden de aprehensión, en el Aeropuerto Internacional La Chinita, en Maracaibo, a las puertas del avión en el que se disponía a viajar a Atlanta.
Durante la gestión del fallecido presidente Hugo Chávez, el criminalista y consultor penal pasó 8 años y 3 meses en El Helicoide, sede de la policía política, y 1 año y 7 meses en la cárcel militar de Ramo Verde, adonde fue enviado el 21 de febrero de 2013 tras presentar graves problemas de salud.
El “prisionero rojo” pasó de las manos de Chávez a las de Maduro, que le otorgó el beneficio de arresto domiciliario en 2014, en medio de un escenario de protestas y donde se empezaba a vislumbrar la crisis económica, política y social que hoy aqueja al país. En ese momento, se pedía una medida humanitaria dado su grave estado de salud y la dirigencia opositora exigía su liberación como una de las condiciones para celebrar un diálogo con el Ejecutivo. Dada “la buena voluntad”, el encuentro entre ambas partes tuvo lugar, pero terminó en fracaso.
Simonovis se mantuvo en su domicilio, pero sin recibir ningún tipo de atención médica, a pesar que desde 2008 se le realizaron diversos estudios que corroboraron una serie de patologías que adquirió debido a los tratos degradantes a los que fue sometido durante más de 10 años de cautiverio, bajo condiciones de máximo encierro, sin siquiera poder ver la luz del sol.
Entre las complicaciones de salud que padece, a raíz de su paso por El Helicoide y Ramo Verde, se encuentran: osteoporosis, esofagitis, hernias, quistes, crecimiento prostático, gastropatía alcalina, duodenitis, esclerosis lumbar, hipertensión arterial y síndrome del túnel carpiano bilateral.
Un caso plagado de irregularidades
Pasados dos días desde de su detención, el 24 de noviembre de 2004, el entonces juez Maikel Moreno, dictaminó su privativa de libertad por homicidio en grado de cooperador necesario.
Hubo que esperar 1 año y 27 días desde su aprehensión, el 20 de marzo de 2006, para que comenzara el juicio en contra de Simonovis y de los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, calificado por la opinión pública como “el juicio más largo de la historia de Venezuela”, debido a que se extendió por 3 años y 14 días.
Tras celebrarse 230 audiencias, presentarse 265 experticias, 5.700 fotos y 20 videos, además de las declaraciones de 198 testigos y 48 expertos, el 3 de abril de 2009 la jueza 4º de Juicio del estado Aragua, Maryorie Calderón, lo sentenció a 30 años de prisión, la pena máxima en el país, al ser presunto responsable de las muertes de Erasmo Sánchez y Rudy Urbano Duque.
Las otras 17 muertes registradas en Puente Llaguno aún se encuentran sin responsables.
Durante el proceso judicial todos los planteamientos jurídicos argumentados por la defensa fueron negados por los tribunales de control y de juicio, por la Corte de Apelaciones y por el Tribunal Supremo de Justicia, mientras que la mayoría de las peticiones y solicitudes formuladas por el Ministerio Público fueron declaradas con lugar, lo que causó desequilibrio procesal y demostró la falta de imparcialidad.
De acuerdo con el testimonio de Domingo Chávez, jefe del equipo multidisciplinario que se encargó de la investigación de los sucesos de Puente Llaguno y subcomisionario del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, no se encontraron pruebas que demostraran que Simonovis impartió órdenes de dispararle a personas, de suministrar armas o de comandar a personal de la Policía Metropolitana.
Entre las denuncias que existen sobre el caso, están la del forjamiento de actas y documentos procesales, desproporcionado tiempo de la detención provisional, falsos testimonios de cuatro testigos y la falta de aportes sobre la culpabilidad de los acusados.
El 13 de septiembre de 2012, el ex magistrado Eladio Aponte Aponte, que suscribió el fallo en contra de los comisarios, admitió en una controversial carta publicada desde el exilio, que el caso fue una trama que le obligaron a montar. Explicó en la misiva que Chávez le ordenó vía telefónica que “saliera de eso de inmediato, sin más tardanza. Condénelos de una vez”.