La Asamblea Nacional debatió en la sesión ordinaria de este martes el informe que elaboró la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sobre la situación de Venezuela.

Durante la plenaria, en la que estuvieron presentes 94 diputados, el Parlamento rechazó los ataques verbales de la cúpula gobernante en contra de Bachelet, al recordar que el documento recoge las denuncias realizada durante más de cuatro años por la instancias legislativa, organizaciones civiles, activistas de los derechos humanos víctimas de del régimen y familiares de estas.

Los parlamentarios solicitará a la Corte Penal Internacional que anexe el informe «como elemento probatorio en las investigaciones que en ella cursan sobre crímenes de lesa humanidad en el país”.

El 4 de julio la Oficina de la Alta Comisionada publicó un informe en el que expone el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad del Estado, la persecución de dirigentes opositores, las detenciones arbitrarias, las torturas, tratos crueles e inhumanos que sufren los detenidos y las vulneraciones de derechos económicos, sociales, civiles y políticos.

El presidente interino, Juan Guaidó, agradeció a las ONG, academias y defensores de los derechos humanos por mantener firme en la lucha por las garantías constitucionales y visibilizar la situación de Venezuela: «Lo que hemos denunciado desde hace años hoy ha rendido frutos. Es un reconocimiento insuficiente, porque lo que quiere Venezuela es la libertad y democracia, pero es un reconocimiento justo».

El mandatario encargado, que comenzó el debate que se extendió cerca de dos horas, afirmó que las democracias del mundo no se pueden prestar para llamar gobierno a Maduro, en vista de que con el documento de la Alta Comisionada quedó demostrado que «Venezuela padece una dictadura».

Criticó que el régimen utilice una caja de comida como arma de control social, y resaltó que quienes obedecen órdenes que vulneran los derechos humanos, quienes completan la cadenas de mando y los que ignoran las denuncias «son cómplices de la dictadura y de las violaciones a derechos humanos investigadas desde la CPI».

Ratificó que la respuesta ante estos crimen continuará siendo la movilización ciudadana y el aumento de la presión. «Nos movilizarnos una y otra vez en defensa de todos los venezolanos», señaló.

«Lo importante de la visita de la Alta Comisionada no fue solo el diagnóstico, que ya teníamos claro, sino buscar soluciones y que se active la comisión de investigación. Lo más importante prevenir la catástrofe humanitaria», sentenció.

Dennis Fernández, presidente de la Comisión de Política Exterior, afirmó que este es un documento revelador, debido a que demuestra la objetividad con la que fue realizado «para visibilizar todo lo que hoy vive nuestro país», por lo que condenó categóricamente las críticas que ha recibido por parte del régimen y de quienes tienen opiniones extremas.

«El informe dice que 15.000 personas fueron privadas de libertad ilegítimamente, muchos sometidos a tratos crueles e inhumanos, información obtenida de los familiares. Reflejó violencia contra la mujer, diputados presos, perseguidos», destacó.

Señaló que desde el Parlamento lucharán para que lo relatado en el documento «no quede en letra muerta y en un debate, sino para que cumpla todo el protocolo que debe cumplir».

La voz de las ONG

A las 12:36 pm el Legislativo otorgó el derecho de palabra al profesor de la Universidad Católica Andrés Bello y director de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels. El activista de los derechos humanos afirmó que la crisis humanitaria reflejada en la información documentada por Bachelet documenta «la inexistencia de un Estado que solo vive por sí mismo y no cubre las necesidades básicas de la población».

Agregó: «30% de los pacientes que necesitan hemodiálisis han fallecido, 5.000 pacientes con hemofilia presentan daños irreparables, esa realidad la presentó Feliciano Reyna en su informe ante la ONU», destacó.

Subrayó que en este tercer informe emitido por la Oficina de la Alta Comisionada se revela que 40 personas fallecieron durante los apagones, que 55 personas fueron detenidas por ejercer su libertad de expresión, que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y la Dirección de Contrainteligencia Militar son centros de torturas, que 5287 personas fueron asesinadas por rebelión a la autoridad en 2018: «Ha habido un patrón generalizado de violación de los derechos humanos y esto es elemento para ser remitido a la CPI».

Daniels instó al Legislativo a que solicite a la ONU que inicie las gestiones correspondientes para que relatores de derechos humanos visiten el país y para que se eleve la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

 

El diputado Carlos Valero, de Un Nuevo Tiempo, aseguró que con la visita de Bachelet el Ejecutivo exhibió su cinismo: «Se tomaron fotos con ella y la agasajaron, hicieron propaganda y ahora que aparece el informe, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro la insultan». 

«Este informe debe ser utilizado como herramienta para que haya justicia y abramos una puerta al cambio político», manifestó. 

Se refirió a la crisis migratoria detallada en el documento y afirmó que la cúpula gobernante niega que «más de 4 millones de venezolanos están en situación de huida productos de la crisis, más de 1,4 millones en Colombia, 800 en Perú y 100 desaparecidos y perdidos en aguas del Mar Caribe». 

«El mundo debe saber que está es una situación transitoria, que la solución estructural pasa por el cese la usurpación. Haremos causa común para que se repare a las víctimas, para que no se sigan cometiendo atrocidades, para cambiar a los usurpadores y que Venezuela vuelva a ser el país que queremos», sentenció.

Autoridades del BCV

El Parlamento designó un Comité de Evaluación de Méritos y Credenciales del Directorio del Banco Central de Venezuela, en cumplimiento con los artículos 13 y 14 del Estatuto que rige la transición hacia la democracia.

La petición fue realizada por el parlamentario Macario González, de Avanzada Progresista, que integrará esta instancia junto a los diputados Freddy Valera, de Acción Democrática; Omar González, de la Fracción 16 de Julio; y José Guerra, de Primero Justicia.