Marlon Díaz, presidente electo de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo, afirmó que no acatará la sentencia de la Sala Electoral de Tribunal Supremo de Justicia, que lo desconoce como autoridad y que ordena a esa casa de estudios realizar “todas las acciones necesarias” para que Jessica Bello tome posesión.

La estudiante, identificada con el oficialismo, introdujo un amparo por “la presunta violación del derecho al sufragio activo y pasivo, y el derecho a la participación consagrados en los artículos 62, 63 y 70 constitucionales”. El TSJ también dejó “inexistentes y sin efecto jurídico” las acciones ejercidas por Luis Eduardo León, a quien acusan de usurpación de funciones de la Comisión Electoral Estudiantil de la UC de proclamar a Díaz, quien obtuvo más de 5.000 votos.

“Este fallo es otro intento del gobierno, de pasar por encima de la voluntad de los estudiantes. No tiene ningún sustento legal y no permitiremos que se desconozca esa voluntad”, afirmó Díaz.

Recordó que luego de las elecciones celebradas el 14 de noviembre, a las que los estudiantes acudieron a votar pese a la violencia generada por grupos presuntamente vinculados con el oficialismo, fue proclamado por la Comisión Electoral Estudiantil “elegida legítimamente en 2017”.

“Tenemos las actas que representan la voluntad estudiantil y ellos cuentan con una sentencia que no va a valer más que la autonomía universitaria. No va a venir un tribunal a decidir lo que es el futuro del estudiante”, aseguró antes de romper el documento emitido por el TSJ el martes en la noche, informó El Carabobeño. Aseguró que esta medida es un ataque contra la unidad estudiantil y la institución. “El gobierno ha querido atacar a la UC; se ha declarado enemigo de la universidad. Los estudiantes estamos resteados y firmes porque a través de una sentencia no van a coartar el derecho estudiantil de elegir a sus representantes”.

La rectora de la UC, Jessy Divo de Romero, informó a El Carabobeño que abogados de la Consultoría Jurídica de la institución viajaron a Caracas para conocer los términos del amparo. “La universidad cuenta con sus propios mecanismos para la solución de sus problemas y es a través de su Consejo Universitario, y de su gobierno y cogobierno que se toman las decisiones”, recalcó.

Expresó que el Consejo Universitario no va a permitir “la injerencia de agentes externos en la toma de decisiones y la usurpación de sus atribuciones y competencias legales”.

Rechazo. Amalio Belmonte, secretario de la Universidad Central de Venezuela, condenó que el ministro de Educación Superior, Hugbel Roa, otorgara el derecho de palabra a Jessica Bello en el Consejo Nacional de Universidades realizado ayer en la Unefa. “Rechazamos que se le dé derecho de palabra para legitimar un hecho que viola el carácter democrático de la UC y la voluntad popular de la comunidad estudiantil”.

Belmonte considera que esta acción violenta la autonomía universitaria y la Constitución, y se trata de legitimar a la joven que “fue derrotada con 80% de los votos para imponerla como presidente sin los votos suficientes”.

“Desconocemos a Bello como presidente de la FCU-UC porque la expresión de los estudiantes fue distinta y porque además las elecciones estuvieron mediadas por la violencia oficialista y la intervención del gobernador Rafael Lacava”, aseguró.

La fiscal general Luisa Ortega Díaz expresó en su cuenta de Twitter que la sentencia “ratifica que la tiranía mantiene secuestradas a las instituciones para imponer sus fechorías y seguir atropellando a los venezolanos”. Exhortó a “no acatar esta delictiva decisión que viola sus derechos”.

Vulnera la autonomía universitaria

Aula Abierta, Epikeia, el Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela, la Comisión de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia y el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes rechazaron la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que ordena a la Universidad de Carabobo “garantizar la toma de posesión” de la candidata oficialista Jessica Bello.

“La decisión de la Sala Electoral evidencia una política de Estado dirigida a vulnerar la autonomía universitaria y la libertad académica, pues desde 2010 hasta 2018 se han documentado 50 decisiones del Poder Judicial, en las cuales se vulneran esos derechos”, señalaron en un comunicado.

Exigieron al Estado respetar la autonomía universitaria y los resultados electorales reconocidos por el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo.


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