El gobierno de Nicolás Maduro desde el año pasado ha intentado, a toda costa, consolidar y estabilizar un sistema de gobierno dictatorial a través de mecanismos de chantaje y control hacia los ciudadanos y adversarios políticos, denunciaron defensores de los derechos humanos.
Los activistas de Provea –Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos–, Centro de Paz y Justicia, y el Foro Penal coincidieron en que los venezolanos padecen una crítica situación de institucionalidad democrática y de violación de sus derechos fundamentales que ha causado la alarma ante instancias internacionales.
También advirtieron que existe el riesgo de que se agudice la violación sistemática de las libertades de los ciudadanos, a través de mayores controles y arbitrariedades por parte del Estado, a fin de instaurar el modelo político.
“Vivimos una situación de derechos humanos de extrema gravedad, debido a la ausencia de democracia y a la inexistencia de instituciones que puedan dar respuesta a la violación de esos derechos”, manifestó Rafael Uzcátegui, coordinador General de Provea.
El activista por los derechos humanos indicó que esta situación tuvo notoriedad desde 2013 con las primeras evidencias de pobreza en el país; las cuales denunciaron ese mismo año mediante el informe anual de la organización. Pero tres años más tarde, con la fractura de la institucionalidad democrática, se produjo una crisis humanitaria y social que ha hecho que los ciudadanos dependan de las políticas públicas existenciales.
“El gobierno está estatizando la vida cotidiana de los venezolanos, afinando mecanismos de control y de asistencia que hacen al ciudadano dependiente del Estado. Es un contexto que se presta para la manipulación y el chantaje. Hay un intento de profundizar y estabilizar la dictadura, y con esto se profundiza la discriminación política”, expresó.
Uzcátegui afirmó que el gobierno está consciente de que es minoría, por lo cual establece mecanismos irregulares, como la asamblea nacional constituyente, para seguir teniendo el control del país, pese a que la mayoría de los ciudadanos no están de acuerdo con sus políticas.
Lejos de la democracia. Beatriz Borges, directora del Centro de Justicia y Paz, indicó que desde el año 2016 con la suspensión del referendo revocatorio le dieron una estocada final a la democracia y se instauró una dictadura, la cual “se constitucionalizó” con la imposición de la asamblea nacional constituyente, como mecanismo para “controlar y perseguir”.
En el informe llamado “La estocada final” que presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denunciaron que el fracaso progresivo del modelo económico, la corrupción, la persecución sistemática a la disidencia política, los mecanismos inconstitucionales para permanecer en el poder, la falta de independencia de los poderes, las desigualdades e injusticias, la exclusión y la ausencia de garantías para el ejercicio de la participación política y ciudadana, son los hitos antidemocráticos que demuestran que en Venezuela existe una dictadura.
“En Venezuela no hay democracia, nos encontramos en una dictadura. Las elecciones se hicieron con base en una dictadura. Existieron hitos antidemocráticos que dieron muerte a la democracia en Venezuela”, manifestó.
Alonso Medina Roa, abogado del Foro Penal indicó que el deterioro de los derechos humanos está en peligro mientras que no haya institucionalidad en el país. Dijo que la situación de Venezuela ha encendido las alarmas internacionales, que “no es atacar a un gobierno”, sino que es un espacio de solidaridad hacia los venezolanos que permite solventar la crisis.
Exhortó a los venezolanos a empoderarse en la defensa de sus derechos como ciudadanos. Consideró que estos deben dejar de ser un campo de la política y de abogados, y convertirse en un tema de cultura de ejercicio de la población.