Los familiares de los jóvenes José y Alejandro Sánchez, en compañía de la dirigencia de Primero Justicia, acudirán hoy a la Dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía General y a la Dirección de Tratos Crueles e Inhumanos de la Defensoría del Pueblo para denunciar formalmente los hechos de tortura a los que presuntamente fueron sometidos desde su captura, el pasado jueves 13 de abril, por parte de funcionarios del Sebin y del Cicpc.

Así lo informaron ayer los diputados de PJ, Tomás Guanipa (Caracas) y Juan Matheus (Carabobo), quienes cuestionaron la reacción del defensor del pueblo Tarek Saab frente al caso no solo por el tiempo que tardó en fijar posición –más de 48 horas-, sino por la información difundida.

La respuesta de Saab se registró el sábado 15 de abril a las 10:42 de la noche en su cuenta de Twitter: “Hemos realizado las actuaciones de rigor para conocer la situación legal y estado de salud de ambos ciudadanos. Hemos constatado que se encuentran detenidos en la sede central del Cicpc, donde fueron recibidos por su padre José Francisco Sánchez, en presencia del fiscal 23 nacional, fiscal 106 del área metropolitana de Caracas y su abogado Joel García; las actuaciones recibidas fueron distribuidas al Tribunal 10 de Control. Dicho tribunal fijó como fecha de audiencia el lunes 17/04/2017. Para verificar estado de salud de los precitados ciudadanos hemos solicitado realización de medicatura forense”.

Guanipa refutó la veracidad de lo dicho por Saab: “Queremos hacer un llamado a la seriedad al defensor del pueblo. Él está para decir la verdad y defender a la población, no para tapar los hechos irregulares del gobierno. No puede decir Saab que los morochos fueron recibidos por su padre en el Cicpc porque a ellos se les permitió ver a sus hijos 48 horas después de la detención y la tortura del Sebin. No puede Saab decir que los abogados habían estado atendiendo el caso porque ni siquiera les han permitido juramentarse”.

Cuando Alejandro Sánchez, de 21 años de edad, se encontró con sus padres, les dijo que fue rociado con gasolina, atado por un brazo en alto, de pie, por más de 24 horas, para que incriminara a dirigentes de PJ en una declaración grabada bajo amenaza.

Matheus advirtió que lo denunciado clasifica como violaciones graves de los derechos humanos que no prescriben y son perseguibles dentro y fuera de Venezuela. Precisó que las diligencias de hoy ante la Fiscalía y la Defensoría pretenden agotar la vía interna “para que Néstor Reverol pueda pagar internacionalmente por tratos inhumanos y torturas”.

El diputado de Carabobo agregó que PJ elabora un “catálogo de nombres” de los funcionarios implicados en la tortura de Alejandro Sánchez: “Tenemos una lista de 37 funcionarios del Sebin, Cicpc y del Tribunal 10 de Control de Caracas, con nombre y apellido”.

Almagro habló. Ayer el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó los tratos crueles denunciados por José Sánchez y Alejandro Sánchez.

“Enérgica condena a esta flagrante violación a los Derechos Humanos. Los jóvenes deben ser liberados y los responsables castigados”, escribió Almagro en su cuenta de Twitter.

VP denuncia. Entretanto, dirigentes de Voluntad Popular en los Altos Mirandinos denunciaron que el allanamiento a la residencia del coordinador de activismo en la entidad, Moisés Jaimes, realizado el viernes 14 de abril, tiene como objetivo incriminar al partido en los saqueos ocurridos en Los Teques y zonas aledañas. Se desligaron de los hechos de violencia.

Salame y Baduel trasladados

El Foro Penal indicó que del 4 al 15 de abril se habían registrado 470 arrestos en todo el país. 31 personas fueron privadas de libertad por orden judicial, lo que elevó la cifra de presos políticos a 140.

Funpaz precisó que solo en el estado Lara, hasta el 13 de abril, suman “más de 80 detenciones arbitrarias, de los cuales 60 permanecen detenidos a solicitud del MP. De ese grupo, 4 son menores de edad y 8 fueron pasados a juicio ante tribunales militares. Los otros 20 fueron dejados en libertad”.

Mientras tanto, Justicia Venezolana reportó la libertad con medida de presentación ante el tribunal de Jonathan Riera (Lara) y Desiderio Padrino Gil (Miranda). La ONG denunció ayer el traslado a sitio desconocido de Kamel Salame, preso desde 2008, y de Raúl Emilio Baduel, quien se encontraba en el Penal Cerra Aragua.