En junio de 2022, la entonces alta comisionada de derechos humanos, Michelle Bachelet, instaba al gobierno de Nicolás Maduro textualemente a «adoptar medidas para garantizar que el espacio democrático y cívico no sea restringido indebidamente». Esto ante las denuncias de persecución y criminalización de protestas. Pero justo un mes después, 6 sindicalistas fueron detenidos y el primero de agosto de este 2023 condenados a 16 años de cárcel. El fiscal general, Tarek William Saab, aseguró que no eran trabajadores sino conspiradores.
Aunque el fiscal asegura que no eran agremiados sindicales, la Oficina del Alto Comisionado en uno de sus informes, cuestionó la detención usando expresamente el término «sindicalistas», haciendo un exhorto a las autoridades.
Para Saab, los condenados pretendían atacar a la democracia. Explicó que en el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), donde se registran los empleados que trabajan legalmente, los condenados figuran como cesantes y que ninguno de ellos presentó durante el juicio constancias que los acreditaran como miembros de alguna organización sindical.
Rechazamos la brutal condena de 16 años contra los trabajadores: Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortes.
El sistema de justicia de Venezuela está viciado @IntlCrimCourt
Una condena arbitraria de “conspiración” por… pic.twitter.com/5uFL8FD7cn
— PROVEA (@_Provea) August 1, 2023
El fiscal reiteró que Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín pertenecían a una organización subversiva que actuaba al margen de la ley, conspirando contra la democracia en el país.
Aseguró que el grupo había planificado acciones contra el gobierno, como actos de sabotaje y entorpecimiento de las actividades del 5 de julio de 2022, donde estaba Nicolás Maduro y el alto mando militar.
La Agencia Efe resalta que el fiscal dijo que abordó el caso con representantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) en Caracas, quienes, aseguró, «quedaron satisfechos» con la información que se les brindó, la cual sustenta que los hombres no fueron procesados por solicitar mejoras salariales.
Presos políticos
Según el Foro Penal de Venezuela, en el país se contabilizan hasta el 4 de agosto 288 presos políticos, de los cuales 268 son hombres y 20 son mujeres. La ONG sostuvo que del total, 133 son civiles y 155 militares.
«Una vez más el gobierno de Nicolás Maduro ha cometido un acto contra los derechos humanos. Ha sentenciado a seis hombres inocentes» dijo Yorbelis Oropeza, esposa de Alcides Bracho.
#UltimaHora Fueron condenados a 16 años de prisión los #LuchadoresSociales acusado por los delitos de conspiración y asociación para delinquir. pic.twitter.com/VQm0nOEt0Z
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) August 1, 2023
Los seis sindicalistas
Alcides Bracho: Artista plástico y docente. Sindicalista en la Federación Venezolana de Maestros (FVM). Fue detenido en una redada.
Emilio Negrín: Presidente de la Federación de Trabajadores Tribunalicios y miembro de la Coalición Sindical Nacional. Fue detenido en su casa a las afueras de la capital.
Gabriel Blanco: Director de comunicación de la Seccional Caracas de la Central de Trabajadores de la Asociación Sindical Independiente (ASI) y directivo del Sindicato de Funcionarios de la Asamblea Nacional. Fue apresado en su vivienda en Caracas y se le acusó de terrorismo y asociación para delinquir.
Reinaldo Cortés: Delegado Principal del Consejo Regional de Trabajadores de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) en el estado Guárico.
Cortés fue apresado el 7 de julio de 2022 en esa entidad, señalado de apoderarse de 120 fusiles en un asalto al Fuerte Caribay de Mérida, junto con cinco militantes de Bandera Roja, para supuestamente secuestrar a la familia de Tareck el Aissami.
Néstor Astudillo: es un activista y sindicalista que lidera el partido político Bandera Roja en el estado Miranda. Fue detenido junto con el sindicalista Gabriel Blanco y acusado de “asociación para delinquir” y “conspiración”.
Alonso Meléndez: Activista y sindicalista militante del partido político Bandera Roja en Falcón. Antes de ser detenido cursaba una maestría en Gerencia Pública en la Universidad Nacional Experimental Francisco De Miranda.
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