Al cumplirse el primer mes de la votación e instalación de los 545 miembros de la asamblea nacional constituyente el resultado de sus 5 semanas de sesiones ha estado determinado por dos grandes rasgos: mucho cobro de factura y pocos resultados concretos ante la crisis social y económica que vive el país, a pesar de que esa fue la principal oferta de campaña.
De la primera semana de funcionamiento de la ANC salieron los decretos para ratificar al presidente de la República y a las autoridades del CNE; se creó la Ley de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz, cuya comisión será dirigida por la también presidente del órgano, Delcy Rodríguez; se presentó una propuesta que de inmediato se convirtió en acción para adelantar la fecha de las elecciones regionales y antes de culminar la sesión inaugural cumplieron su primera amenaza: destituyeron e inhabilitaron a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, congelaron sus cuentas bancarias y bienes, le prohibieron la salida del país y designaron a Tarek William Saab como nuevo representante del Ministerio Público.
Su principal apuesta legislativa en estos 30 días ha sido promover la Ley contra el Odio, promovida por el primer mandatario, Nicolás Maduro, y cuyo proyecto se centra en aumentar sanciones de prisión, controlar las redes sociales y los medios de comunicación.
Aunque los anaqueles de comida siguen vacíos, la escasez de medicinas se mantiene en 90%, la inflación sigue montada en tres dígitos y los constituyentes insisten en promover etiquetas de Twitter con mensajes de paz, pero su más reciente acción se enfoca en la aprobación de un decreto para hacer un juicio contra venezolanos que han sido declarados como “traidores a la patria” porque, presuntamente, están relacionados con las sanciones económicas que el gobierno estadounidense impuso a autoridades y personajes claves pertenecientes al gobierno nacional.
Truco en tiempo de crisis
Jorge Sandrock, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile e investigador de las constituyentes en América Latina, ha analizado los procesos vividos por Colombia, Venezuela, Ecuador y Bolivia en los últimos 30 años. Detalló que el denominador común es que en la región latinoamericana la convocatoria a este proceso es muy frecuente, porque usar el poder constituyente originario suele tener como precedente una profunda crisis política y social.
En su investigación académica denominada Asambleas constituyentes. Experiencias latinoamericanas, señala que además se suma un elemento sociológico: “Es propio del imaginario colectivo latinoamericano considerar que la dictación de normas jurídicas es la vía para solucionar problemas, confundiendo el carácter instrumental propio de las normas jurídicas”.
Sandrock identificó que si bien algunos países lograron que sus procesos constituyentes terminaran con una herramienta normativa útil y adecuada para alcanzar la estabilidad política, en otros casos “ha sido instrumentalizada por nuevas formas de populismo y el resultado de estos proyectos refundacionales ha sido el debilitamiento del Estado de Derecho, de las instituciones y una grave afectación de derechos fundamentales”.
Los anuncios en tono retaliativo y en muchos casos amenazantes de representantes del Ejecutivo nacional, miembros del partido de gobierno y de los mismos candidatos, hoy constituyentes, fueron medidas que comenzaron a concretarse. Esto lo advirtió la Asociación Venezolana de Derecho Constitucional, a través de un comunicado, en el que explicaba: “que la ANC pretende asumir funciones que corresponden exclusivamente a los Poderes Públicos constituidos conforme a la Constitución de 1999, funciones que abarcarían desde algunas de carácter jurisdiccional como otras de carácter legislativo, de control político y de naturaleza jurídico constitucional que sólo corresponden al Parlamento venezolano legítimamente electo por el pueblo el 6 de diciembre de 2015. Cualquier ‘Acto Constituyente’ que se pretenda erigir por una Asamblea Constituyente que se instale con todas las violaciones a la Constitución que hemos indicado, representarían actos abiertamente ilegítimos y antidemocráticos”.
Otro elemento señalado por la Asociación es que este proceso “tiene la pretensión clara de establecer y consolidar por una vía antidemocrática e ilegítima, el Proyecto de Reforma de la Constitución que fue rechazado por el pueblo mediante referendo en el año 2007, y también, lo que es más peligroso, el denominado Plan de la Patria, que es un proyecto político ideológico inconstitucional y rechazado por la gran mayoría de los venezolanos, que ha llevado a nuestro país a una crisis política, económica y social sin precedentes”.
A Dios rogando y…
El sábado 5 de agosto en la primera sesión oficial de la ANC, los 545 constituyentes llegaron elegantemente vestidos al Salón Elíptico del Palacio Federal, sede del Poder Legislativo representado por la Asamblea Nacional. El constituyente Diosdado Cabello aprovechó la oportunidad para regresar como orador principal de una tribuna que había perdido electoralmente desde diciembre de 2015 y, flanqueado por las fotografías de Hugo Chávez, fue el encargado de presentar las propuestas que terminaron por convertirse a grandes rasgos en el estatuto de funcionamiento de esta instancia: la ANC se instalaría en el Palacio Federal Legislativo como sede principal y podrían hacer uso de todos los espacios aunque inicialmente dijeron que el lugar de sesiones sería la Casa Amarilla, sede de la Cancillería. Reiteraron que según el artículo 349 de la Constitución vigente el presidente de la República no podrá objetar las decisiones que tomen y que la ANC se mantendría en funciones por un periodo indeterminado que puede ser de seis meses a dos años, pero advirtió que en un mes se podrían hacer todos los cambios necesarios.
Aunque tres días antes de la sesión inicial la empresa Smartmatic había asegurado que la elección del 30 de julio fue fraudulenta y puso en duda la cantidad de votantes que anunció el CNE, los representantes de la ANC –muchos sin haber sido proclamados de manera formal– plenaron el recinto que quedó reducido por la cantidad de personas, por lo que la mudanza al salón del Hemiciclo Protocolar fue una decisión inminente que se concretó con la toma nocturna del espacio para la reunión que se realizó el martes 8 de agosto.
El Protocolar es el salón gemelo del Hemiciclo de Sesiones, donde aún funciona la Asamblea Nacional, pero aunque ambos órganos comparten el Palacio, el trato y el acceso no es el mismo para los representantes de cada instancia.
Una de las primeras decisiones que tomaron los constituyentes fue restringir con custodia militar el acceso hacia el Palacio Federal Legislativo, lo que incluyó a los diputados del Parlamento, a sus equipos de trabajo, personal administrativo y por consiguiente a la prensa que volvió a quedar excluida de las sesiones, como en los tiempos parlamentarios de quienes hoy son constituyentes.
Uno de sus primeros decretos fue el “funcionamiento armónico de la ANC con los poderes públicos”, pero basada en su experiencia, la diputada Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, le da un nombre más preciso a la instalación: “Se metieron a la fuerza usando militares, ocuparon las oficinas, rompieron cerraduras, no dejan entrar a los propios diputados si no hay sesión, y ni siquiera nuestros equipos de trabajo pueden ingresar al Palacio. Para que haya convivencia tendría que haber un acuerdo y eso no está ocurriendo. ¿Qué pasa si uno llega a un ministerio, desaloja al personal, ocupa las oficinas y dice: ‘aquí me voy a instalar’? Es una invasión violenta”.
Solórzano narra que los martes y jueves –días establecidos de sesión de la AN–, los legisladores tienen que llegar entre las 6:00 y 7:00 am para poder entrar aunque la reunión sea a las 10:00 am, porque luego la custodia de militares no los deja pasar. “Los diputados que vienen del interior del país tienen que lidiar con vuelos retrasados, llegan directamente del aeropuerto y si están minutos antes de que empiece la sesión, los militares los paran y arbitrariamente no los dejan entrar”.
Ni siquiera los asistentes y equipos de trabajo de los parlamentarios tienen garantizado el acceso. La mayoría de las veces no pueden avanzar de las rejas que funcionan como alcabalas ubicadas desde la Plaza Bolívar, donde está ubicado el Palacio Municipal, hasta la esquina de San Francisco, en la que no solo cerraron por completo el paso para los peatones, sino que bloquearon uno de los canales de tránsito vehicular que rodea el edificio. Para los trabajadores de la administración de la AN, así como para la prensa, ninguna acreditación o identificación es válida para los militares.
Durante estos 31 días, el recinto legislativo ha tomado visos de escenario teatral. Según narran fuentes internas que trabajan en el Parlamento, cuando hay sesión en la mañana de la AN, se retiran los cuadros y fotografías del fallecido presidente Chávez y en la tarde cuando llega la ANC, los sacan y los vuelven a instalar en las tribunas y pasillos. Comentan que en el comedor hay una línea invisible, pero tácita que divide en dos el espacio: de un lado los diputados de la AN tienen sándwiches y jugos, pero en el otro hay buffet de comida y mesoneros que atienden a los constituyentes.
“El principal objetivo es obstaculizar aún más el trabajo que seguimos haciendo los diputados. En el edificio de Pajaritos (sede administrativa) todos los días cortan la luz al mediodía; por supuesto, no podemos atender a las personas en esas oficinas. Yo me reunía con las víctimas o familiares en los espacios del Palacio, pero ahora no se puede porque cuando salimos de la sesión ya no podemos volver a pasar. Negaron el acceso a la prensa y hay que guindarse con los militares para que puedan pasar porque todo quieren tenerlo escondido. Sin contar que los diputados llevamos 15 meses sin cobrar un bolívar de salario”, resume Solórzano.
Los esfuerzos periodísticos por ingresar a una sesión de la ANC fueron infructuosos porque en el Palacio Legislativo, los militares informaron que esta acreditación se tramitaba en la Cancillería y en este organismo devolvían la responsabilidad al Palacio porque ellos solo manejan una lista predeterminada de medios de comunicación que son convocados a estas sesiones.
La misma voz
El jueves 24 de agosto, luego de casi un mes de toma de decisiones, el país pudo conocer el estatuto de funcionamiento de la ANC que consta de 85 artículos y está basado en el de la Constituyente de 1999. Se conformaron 21 comisiones, 10 de ellas solicitadas por el presidente Maduro.
Aunque quien preside esta instancia, Delcy Rodríguez, anunció que esta semana explicarían el cronograma de redacción para la nueva constitución, aún no se ha especificado. Lo que indicó es que el artículo 10 del estatuto señala que la ANC realizará un referéndum para aprobar la nueva Constitución.
Todas las decisiones tomadas previamente al estatuto de funcionamiento se hicieron sin conocer la normativa de quórum requerido, el tiempo y cantidad permitida de intervenciones o cuántas discusiones o debates se exigen para aprobación. Durante las sesiones televisadas, solo se pudo observar la participación y propuestas de una decena de constituyentes resumidos en la vocería de Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Julio Chávez, Elvis Amoroso, Iris Varela, Cilia Flores, Nicolás Maduro Guerra y Mario Silva. En los debates, los 545 representantes electos solo levantaban la mano para aprobar las decisiones que luego fueron anunciadas por unanimidad, aunque se desconoce el número de constituyentes que asistieron o no a cada sesión.
Lo que se sabe luego del estatuto de funcionamiento es que las sesiones ordinarias serán todas las semanas de martes a jueves e incluyen días feriados; las plenarias serán los martes y jueves –igual que las de la AN– y las sesiones extraordinarias podrán convocarse cuando sea necesario y serán aprobadas por la mayoría presente, pero no se aclara la calificación de esa mayoría. Luego el presidente Maduro dijo que desde el viernes 25 comenzaría a circular la Gaceta Oficial Constituyente, con lo que se hace oficial.
Aunque el estatuto indica que las sesiones son de carácter público, el paso e ingreso a las instalaciones de los espacios donde se convocó la voz del poder originario ha sido fuertemente custodiado por militares. El principal indicativo es el perímetro de seguridad que rodea el Palacio Legislativo, con una cinta que dice “No pase-Peligro”, que obliga al ciudadano de a pie a competir con los carros para transitar por la calle y que observe desde lejos el principal recinto donde se decidirá en su nombre.
La escuelita constituyente
La investigación académica realizada por Jorge Sandrock, profesor de derecho constitucional de la universidad chilena Adolfo Ibañez, analiza otras experiencias constituyentes en América Latina. No solo los resultados revelaron el carácter del proceso, los métodos para concretarlo también fueron reveladores.
Colombia: Después de 100 años de vigencia de la Constitución y un contexto de violencia que marcaba al país durante el fin de los 80 y comienzo de los 90, el presidente colombiano Virgilio Barco propuso una reforma total de la Constitución que venía precedida de una creciente demanda ciudadana para redactar una nueva Carta Magna que les permitiera mayor participación e inclusión política.
La búsqueda de consenso fue su principal característica. Un movimiento estudiantil universitario promovió la iniciativa llamada “La séptima papeleta”, una consulta informal que buscaba medir la aceptación popular para la reforma. Aunque la Registraduría Nacional afirmó que no podían contabilizar los votos formalmente, el resultado arrojó más de 2 millones de votos a favor, lo que motivó al presidente Barco a dictar el decreto 927/90 para convocar una segunda elección que tuviera carácter vinculante porque promovía la expresión del constituyente primario, y en la segunda consulta 88% de los votantes respaldaron la iniciativa.
Bolivia: La caída en 2003 del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada abrió el camino para que los partidos políticos bolivianos promovieran la necesidad de una constituyente que se concretó en 2006 con la ley promulgada en marzo por Evo Morales y la elección de los representantes en julio del mismo año.
La Ley fijaba un plazo de un año para redactar la nueva Carta Magna y llevarla a referéndum. Pero el tiempo se agotó sin la culminación del texto y la extensión del plazo hasta diciembre de 2007 aceleró el proceso. La Asamblea sin presencia de la oposición sesionó en un recinto militar de la ciudad de Oruro, con 145 de los 255 constituyentes electos -todos del oficialismo y sus aliados- se leyó solo el índice del texto constitucional y se aprobó el proyecto impulsado por Evo Morales con 136 votos de los únicos 138 asambleistas presentes ese día.
Ecuador: La campaña del primer período presidencial de Rafael Correa se basó en el ataque a la “partitocracia” del Congreso y la primera medida implementada el mismo día de su toma de posesión, el 15 de enero de 2007, fue la emisión del Decreto Ejecutivo No. 2 en el cual consultaba a la población si estaba de acuerdo con la convocatoria e instalación de una nueva asamblea constituyente.
El Presidente envió el decreto al Congreso que lo aprobó para validar su ejecución porque la Constitución no contemplaba una convocatoria hecha por el mandatario. Pero luego, el presidente Correa modificó los estatutos y funcionamiento, lo que generó un quiebre entre el poder Ejecutivo y el Legislativo. El Tribunal Supremo Electoral entró en la disputa y aprobó el documento modificado por el presidente y no el que fue aprobado por el congreso, por lo que los diputados acordaron un juicio contra los representantes del poder electoral que luego se revirtió en su contra porque el Tribunal Electoral alegó que se había violado la Ley Orgánica de Elecciones y destituyeron a su vez a esos 57 diputados.
Ni calentaron la silla
Todo el ímpetu y el compromiso que los candidatos constituyentes le ofrecieron a sus votantes quedó en pausa apenas se anunció el adelanto de las elecciones regionales y el comienzo de una nueva promesa electoral.
Aunque Aristóbulo Istúriz fue una de las caras más visibles y uno de los candidatos más entusiastas para dedicarse a redactar una nueva Constitución, solo tuvo tiempo de ser designado vicepresidente del recién instalado órgano porque una semana después abandonaba el cargo para lanzarse de nuevo a la reelección de la gobernación del estado Anzoátegui, responsabilidad que también dejó colgada en 2016 cuando renunció a la autoridad regional para convertirse en vicepresidente de la República.
Héctor RodrÍguez no pudo mantener la defensa de los votantes del oficialismo en el estado Bolívar que lo convirtieron en diputado a la AN para el período 2016-2021, y además era jefe de la bancada oficialista. Renunció al cargo para convertirse en constituyente pero a las dos semanas de asumir esta representación que tanto promovió como necesaria, cambió de parecer y ahora sus esfuerzos están concentrados en conquistar nuevamente votantes pero los de Miranda, a quienes asegura defenderá con todas sus energías.
Víctor Clark tampoco le fue fiel a sus votantes que lo llevaron a ser diputado de la Asamblea Nacional para el período 2016-2021. Abandonó su representación parlamentaria, se lanzó como candidato constituyente y 15 días después decidió olvidarse de participar en la redacción constitucional y se lanzó como candidato a la gobernación de Falcón.
La candidata constituyente por el municipio Iribarren del estado Lara, Carmen Meléndez consideró que no era suficiente asumir la representación popular de sus votantes ante la ANC, por lo que se convirtió en la nueva candidata para la gobernación de Lara.
Jehyson Guzmán, que se había mantenido dentro de la rotación ministerial del gabinete ejecutivo decidió buscar los votos para ser la voz de los merideños ante la ANC pero sin esperar siquiera el primer mes de resultados, dejó el cargo y se convirtió en el candidato a la gobernación de Mérida.