La Asamblea Nacional y la sociedad civil “tienen la obligación de buscar las acciones contundentes para derrocar al gobierno de facto de Nicolás Maduro, de acuerdo con el artículo 333 de la Constitución”, aseguró el abogado constitucionalista Rafael Chavero.
Explicó que Maduro cometió un golpe de estado el 10 de enero al pretender ejercer el período presidencial 2019-2025 sin pasar por unas elecciones legítimas, por lo que “el derrocamiento de esa situación mediante cualquier método, incluido una intervención militar extranjera es legítimo, porque está destinado a recuperar el sistema democrático”, subrayó.
“Una intervención no violaría la carta magna, esta fue violada por quienes usurpan el mandato al desconocer las elecciones parlamentarias de 2015, cuando el régimen decidió aniquilar el Parlamento y quiso gobernar sin el Legislativo”, aseveró.
Chavero sostuvo que la AN debe desarrollar estrategias que pueden implicar medidas internacionales: sanciones y la asunción de los activos de la nación en el extranjero, y actuaciones dentro y fuera del territorio nacional que ayuden a hacer cesar la usurpación.
“De las dictaduras no se sale con recetas ni con flores, de las dictaduras se sale mediante mecanismos de presión y actuaciones necesarias para contrarrestar los gobiernos de facto. Con decretos y con leyes no saldrá la dictadura, cualquier cosa que haga el Parlamento va a ser desconocido por el régimen, como ha venido haciendo”, indicó el constitucionalista.
Manifestó que la actuación del Ejecutivo el 23 de febrero fue criminal y constituye “delitos nacionales e internacionales que van en desmedro del Código Penal Venezolano, debido al uso indiscriminado de la fuerza y el aval de que fuerzas paramilitares hagan uso de armas para confrontar a la población civil”.
Agregó que si el gobierno intenta encarcelar a Juan Guaidó, presidente de la AN y presidente encargado de Venezuela, continuaría pasando por encima de la Constituciónporque sería una medida autoritaria y de facto, debido a que el diputado goza de inmunidad y ejerce funciones ejecutivas en virtud de la usurpación de la Presidencia.