La Asamblea Nacional aprobó por unanimidad, en la sesión extraordinaria de ayer, un acuerdo que califica de desaparición forzada la captura del diputado Juan Requesens y aprobó denunciar hoy ante la Organización de Estados Americanos el caso. También declaró como inexistente el allanamiento a la inmunidad parlamentaria avalada por la asamblea nacional constituyente contra Julio Borges, ex presidente del Parlamento, por presuntamente estar involucrados en el atentado del sábado contra el presidente Nicolás Maduro.
El acuerdo exige la liberación de Requesens, que supuestamente se encuentra preso en la sede del Sebin, en El Helicoide, y pide a la comunidad internacional desconocer la orden de captura contra Borges, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, al considerar que la medida «es de naturaleza política y no debe ser reconocida por ningún tribunal extranjero”.
El Parlamento ratificó que el gobierno de Maduro ejecuta políticas de violación sistemática de los derechos humanos, que son penados por tribunales internacionales.
Antes de iniciar el debate, Juan Guillermo Requesens, padre del diputado, aseguró que el acto de la ANC no tiene ningún efecto y carece de legitimidad porque los constituyentes no tienen facultades para levantar el fuero de ningún miembro del Legislativo. Calificó de “bodrio” la instancia que dirige Diosdado Cabello, y aclaró que su hijo continúa siendo diputado de la República. Añadió que no hay ningún tipo de comunicación con su hijo y a los abogados les han impedido el acceso. “El miércoles le llevamos ropa y alimentos, pero no nos permitieron verlo”. También estuvo presente Rafaela Requesens, dirigente estudiantil y hermana del diputado, así como su esposa Oriana Granati, sus dos hijos y su madre Paula Martínez.
El debate fue abierto por el diputado Alfonso Marquina (Primero Justicia), quien cuestionó la rapidez con la que actuó el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, y el TSJ con pruebas que fueron mostradas en televisión. “No hubo detención. Estamos en presencia de un secuestro”, aseveró.
Hasta ese momento, Requesens tenía 36 horas incomunicado, lo que contraviene el artículo 44 de la Constitución, el cual establece los pasos para garantizar el debido proceso en caso de que se haya cometido un delito o exista la presunción.
Juan Andrés Mejía (Voluntad Popular) recordó que hay más de siete diputados que han sido hostigados por el Sebin, e incluso encarcelados por motivos políticos. Tomás Guanipa, Gaby Arellano, Wilmer Azuaje, Freddy Guevara, José Manuel Olivares y Gilber Caro.
Oscar Ronderos (Acción Democrática) le aclaró a Saab que la flagrancia no es de tipo penal, sino una condición objetiva de la comisión del delito. Pero en este caso, no hubo comisión del delito en flagrancia porque al momento en que se llevaron a Requesens, estaba en su residencia acompañado de su hermana. “Juan estaba flagrantemente en su casa, esa es la verdad. Si hubiese sido cierto, la misma Constitución indica que las autoridades deben resguardarlo en su casa y notificarle a la Asamblea Nacional y al Tribunal Supremo”.
Ronderos declaró que en el caso de Requesens se transgredió la inviolabilidad en su condición de parlamentario y el ejercicio de su función. “No puede ser juzgado por sus dichos o discursos. No tienen pruebas porque el procedimiento fue violentado desde el primer momento”.
La Comisión de Política Interior de la Asamblea inició una investigación sobre el atentado, y denunció que el gobierno ha destruido evidencias. Delsa Solórzano (UNT), presidente de esa instancia, expresó: «Se está destruyendo el sitio del suceso del 4 de agosto. Abrimos una investigación porque queremos saber la verdad, una verdad que Maduro quiere ocultar».