El Consejo Nacional Electoral violó las garantías electorales establecidas en la Constitución y la ley, en el proceso previo a las elecciones de concejos municipales que se realizarán el próximo 9 de diciembre, informaron expertos en materia electoral.

El director de Súmate, Francisco Castro, denunció que el CNE trabajó apenas 10 días hábiles en un lapso de 32 días continuos, en que se comprometió a realizar la jornada especial de inscripción y actualización del registro electoral, con lo cual incumplió lo establecido en el artículo 33.18 de la Ley orgánica del Poder Electoral. “El Consejo Nacional Electoral tiene la siguiente competencia: garantizar la oportuna y correcta actualización del registro electoral en forma permanente e ininterrumpida”, citó.

Aseguró que solo hubo cobertura en 430 de las 1.141 parroquias del país lo que representa 38%, aunque en algunas capitales de las entidades federales fueron asignados entre 2 y 8 puntos para la inscripción y actualización en el registro electoral, y se pudo comprobar que en las parroquias foráneas no hubo cobertura. “Esto puede interpretarse como que la ubicación de los puntos y la distribución de las máquinas fueron realizadas sin considerar las distancias geográficas y los problemas de transporte público”.

Explicó que según el artículo 11 de la Ley orgánica de procesos electorales, el órgano comicial debió solicitar con anterioridad al Instituto Nacional de Estadística la cifra de la población de Venezuela, de acuerdo con el último censo con las variaciones calculadas para determinar las circunscripciones electorales y asegurarse de que la proyección tuviera la obligatoria aprobación de la Asamblea Nacional. “Este procedimiento no se realizó y las circunscripciones se construyeron de espaldas a la población y prevalecieron criterios políticos por encima de elementos técnicos, geográficos y poblacionales”, señaló el experto.

El politólogo agregó que también se pudo comprobar que se desplegó una “deficiente e inefectiva” campaña institucional sobre la jornada de inscripción y actualización en el registro electoral.

La coordinadora de Voto Joven, Luisana Subero, concordó con Castro en que las oficinas regionales del CNE no dieron información suficiente sobre el proceso de la data de votantes. “No se cumplió con el tiempo de inscripción ni con el tiempo de campaña para anunciar las inscripciones y los puntos en el país”.

Subero aseguró que el Poder Electoral está trabajando a 30% de su capacidad. “Es un órgano que está anulado y no da respuesta a electores ni a candidatos”.

Castro reiteró que el CNE convocó extemporáneamente las elecciones de concejales para el domingo 9 de diciembre cuando debieron realizarse en 2017, “lo que significa que tendrán lugar un año después de haber vencido el período constitucional y legal de cuatro años de estos funcionarios”.

Agregó que al efectuar las votaciones de manera separada el Poder Electoral está violando lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Regularización de los períodos constitucionales y legales de los poderes públicos estadales y municipales, que  establece que las elecciones de alcaldes y concejales de los concejos municipales, distritales y metropolitanos se convocarán y efectuarán conjuntamente.

El dato

Para Francisco Castro no sería sorpresa que se cancelen los comicios de diciembre. “El CNE actúa como una oficina de asuntos electorales del PSUV y está sometido a las instrucciones que se emanan del Ejecutivo. En este sentido, no nos sorprendería la cancelación de elecciones con este u otro argumento”, dijo.

Recordó que las elecciones de alcaldes y concejales fueron reprogramadas tres veces en 2013, “lo cual es una muestra de la poca importancia que se le otorga a la descentralización y desconcentración del poder”.


Atribuciones

Los concejos municipales se encargan de emitir acuerdos de cumplimiento obligatorio en su jurisdicción, que se denominan ordenanzas. Supervisan la gestión del alcalde y pueden declarar faltas graves por omisión en sus respectivos deberes.

Además, tienen el poder de aprobar el presupuesto, planes de desarrollo municipal y urbanístico, autorizar cambios de nombre del municipio y concesiones de servicios públicos. También se encarga de regular y controlar las actividades de los otros entes municipales y nombrar al contralor municipal.


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