El Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela (Ciciven) expresó solidaridad con los 6 sindicalistas acusados de conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro y condenados a 16 años de prisión por la juez del Tribunal 2do. de Terrorismo, Grendy Duque, el primero de agosto.
El Ciciven rechazó la acción judicial contra los dirigentes y activistas Reynaldo Cortés, Alfonzo Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín, quienes fueron arrestados en julio de 2022 durante protestas en regiones del país en las que exigían aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales en el sector público.
La organización calificó la sentencia de la juez como una condena para ella misma ante la historia.
Sostuvo que esta decisión será castigada al final del camino y la pena recaerá sobre quienes han manipulado el derecho y criminalizado la protesta pública y pacífica.
“Los derechos humanos de ustedes han sido violados descaradamente, en confabulación con el Ministerio Público y en contradicción no solo de nuestra Constitución y leyes, sino de numerosos instrumentos internacionales, como el Convenio de Libertad Sindical o el artículo 7 del Estatuto de Roma, que califica esta sentencia, enmarcada dentro de una política oficial de persecución, como crimen de lesa humanidad”, denunció el Ciciven en un comunicado.
“A quien hay que condenar es a los responsables de los salarios de hambre, a los culpables de la inflación, la escasez y la miseria que se apodera de nuestro país”, agrega.
El documento, firmado por la directiva del Ciciven, señala también que los privados de libertad y víctimas de la sentencia forman parte de la persecución y encarcelación de la disidencia en Venezuela, donde existe un ataque generalizado y sistemático contra el movimiento sindical y la clase trabajadora.
«Los derechos humanos de ustedes han sido violados descaradamente, en confabulación con el Ministerio Público y en contradicción no solo de nuestra Constitución y leyes, sino de numerosos instrumentos internacionales, como el Convenio de Libertad Sindical o el artículo 7 del Estatuto de Roma, que califica esta sentencia, enmarcada dentro de una política oficial de persecución, como crimen de lesa humanidad», concluye el texto.