La Corte Penal Internacional recibió los testimonios de cerca de 8.900 víctimas en el proceso de consultas para, a solicitud del fiscal Karim Khan, reanudar la investigación sobre las violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
En esta sección, para la participación de las víctimas y las reparaciones, también aportaron información 2 organizaciones y aproximadamente 630 familias.
Las organizaciones no gubernamentales Acceso a la Justicia y Provea informaron que las personas alegan que el gobierno de Nicolás Maduro no está dispuesto a investigar ni a juzgar los delitos que habrían cometido autoridades estatales, fuerzas de seguridad y colectivos afectos a la revolución bolivariana.
Indicaron que la CPI recibió reportes de casos de asesinatos y encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física. Además de torturas, actos inhumanos, violaciones sexuales, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados, persecución por motivos políticos y otras violaciones de derechos humanos.
Las ONG indicaron que entre las víctimas se incluyen defensores de derechos humanos, activistas sociales y ambientales, trabajadores humanitarios y voluntarios; profesionales de la salud, jueces, fiscales, abogados y otros funcionarios de la judicatura.
También trabajadores del sector público y privado, estudiantes universitarios, profesores y personal de apoyo, expolicías y militares; políticos, miembros de partidos políticos, parlamentarios, diplomáticos y pensionados, periodistas, medios de comunicación, blogueros y usuarios de redes sociales; propietarios y propietarias de tierras, granjas y negocios; inventores, innovadores y artistas.
“El informe de la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones no contiene informaciones que identifiquen a las víctimas y/o cualquier otra persona u organización que haya participado en el proceso. Además, el gobierno de Venezuela no tiene ni tendrá acceso a los documentos presentados por las víctimas”, aclaró Acceso a la Justicia.
Venezuela, solo superado por Afganistán
Señaló que el considerable número de venezolanos que participaron en el proceso solo es superado por el caso de Afganistán.
La organización dijo que la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional deberá examinar y evaluar todas las observaciones recibidas para dictar una decisión sobre el caso Venezuela I.
La CPI recibió 1.746 formularios, 5 videos, 124 correos electrónicos u otros documentos escritos y más de 25 videos en apoyo a las observaciones enviadas por escrito.
La VPRS recibió observaciones de víctimas de crímenes de lesa humanidad.
En particular de: asesinatos, encarcelamientos u otra privación grave de la libertad física, torturas, otros actos inhumanos, violación y/u otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas,… pic.twitter.com/zam2o41t4E
— PROVEA (@_Provea) April 21, 2023
Para elaborar este informe, la Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones recibió una amplia participación, con 1.875 solicitudes de víctimas que contenían sus opiniones (1.746 formularios, 5 videos y 124 correos electrónicos u otros documentos) #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 21, 2023
Finalmente, cabe señalar que en la página web de la CPI se dejó constancia de que el Gobierno venezolano entregó su réplica de 10 páginas el día de ayer, #20Abr, pero no se ha hecho público su contenido #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 21, 2023
La mayoría de las víctimas apoya la solicitud de la Fiscalía de la CPI de reanudar la investigación, y afirman que el Gobierno no está dispuesto a investigar y juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por autoridades estatales, fuerzas de seguridad y colectivos #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) April 21, 2023