Los ataques y atropellos en contra de los 112 diputados electos por la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática en los comicios legislativos del 6 de diciembre de 2015 comenzaron mucho antes de que se instalara la Asamblea Nacional el 5 de enero de 2016. El gobierno se propuso cobrarle a la oposición esa victoria: parlamentarios aseguran que el objetivo de la persecución es aniquilar al Poder Legislativo.
El primer golpe que recibieron los parlamentarios fue de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: 24 días después de haber sido electos y juramentados por el Consejo Nacional Electoral, ordenó la desincorporación de los diputados del estado Amazonas “por vicios en la elección”.
Desde entonces comenzaron los constantes disparos judiciales contra el Parlamento dominado por la mayoría cualificada de la oposición, que podría aprobar leyes orgánicas, designar a magistrados del TSJ y a rectores del CNE, entre otros.
“Han tratado de llevar a menos a la Asamblea y ninguna otra institución del Estado ha respondido a favor de la casa que hace las leyes de Venezuela. Por el contrario, el secuestro de los poderes ha quedado confirmado y evidenciado con la actitud complaciente de todos los organismos del poder público nacional ante el cerco delParlamento”, manifestó Adriana Pichardo, diputada de Voluntad Popular por el estado Aragua y miembro del Parlamento del Mercosur.
Pichardo afirmó que hay 6 diputados principales y 5 suplentes con expedientes abiertos, así como también 5 parlamentarios con pasaportes anulados, casualmente los que tienen o tuvieron funciones legislativas internacionales, entre ellos, Luis Florido y Dennis Fernández.
En agosto de 2017, los parlamentarios Adriana D’Elia y Luis Lippa, dirigentes de Primero Justicia y candidatos a las gobernaciones de Miranda y Apure, respectivamente, fueron inhabilitados por parte de la Contraloría General de la República.
Pero la persecución no se ha centrado únicamente en investigaciones y restricciones para viajar al exterior. Desde agosto del año pasado, el TSJ abrió el camino para que la asamblea nacional constituyente levante la inmunidad parlamentaria de cuatro diputados: tres opositores y Herman Ferrer, esposo de la fiscal Luisa Ortega Díaz que fue electo por el PSUV y que se encuentra en el exilio desde el año pasado..
El siguiente en la lista fue Freddy Guevara (VP). En noviembre del año pasado, el TSJ pidió a la constituyente quitarle la prerrogativa que le concede la Constitución por ser diputado. Desde entonces vive en calidad de protegido en la Embajada de Chile en Caracas.
Julio Borges (PJ), anterior presidente de la Asamblea Nacional, y Juan Requesens (PJ) fueron los últimos parlamentarios despojados de sus fueros, luego de ser señalados por el presidente Nicolás Maduro de estar vinculados con el atentado del 4 de agosto.
Borges vive en Bogotá desde hace varios meses. Recurrió al exilio por la persecución en su contra, que según él se debe a su trabajo político internacional y a que no cedió a las presiones para firmar el acuerdo con el gobierno en República Dominicana.
Requesens fue detenido el 7 de agosto por el Sebin acusado de “delitos en flagrancia” por decisión de la juez Carol Padilla, a cargo del Tribunal Especial 1º de Control en competencias de Terrorismo.
Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, indicó que el gobierno ha configurado un patrón para levantarle el fuero a los diputados que consiste en acusarlos de delitos permanentes –que no se agota en un solo acto– para detenerlos “en flagrancia” sin ninguna orden judicial, violándoles la inmunidad parlamentaria.
“Todo este andamiaje es para justificar que no hace falta el antejuicio de mérito previo a la detención (que lo debe hacer la AN) porque el delito es flagrancia y así detenerlos sin orden judicial”, explicó.
El constitucionalista y profesor universitario Jesús María Casal, que fue asesor jurídico de la Asamblea, aseguró que el TSJ ha desnaturalizado el concepto de flagrancia con el único objetivo de procesar y encarcelar a los diputados.
Gilber Caro (VP) también estuvo preso por más de año y medio presuntamente por estar involucrado en actos de terrorismo. La Sala Plena del TSJ ordenó que su caso fuera llevado por la justicia militar, ignorando la inmunidad parlamentaria de la que gozaba desde su investidura. Maduro aseguró que no gozaba de tal prerrogativa “por ser diputado suplente”, aunque la Constitución no hace tal distinción.
Así como él, Rosmit Mantilla, Renzo Pietro y Gilberto Sojo fueron electos al momento de estar en la cárcel, pero su investidura de diputados no bastó para otorgarles la libertad. Los tres pagaron más de dos años de prisión y el primero de ellos se fue a vivir a Francia por presiones del gobierno, luego de ser liberado en 2016.
Ese mismo destino lo han tenido que tomar otros parlamentarios que denunciaron amenazas y acoso contra ellos y sus familiares, como es el caso de Tomás Guanipa, Gaby Arellano y José Manuel Olivares, quienes se fueron a Colombia luego de investigaciones en su contra o de sus vínculos cercanos.
“El gobierno viola la voluntad de los venezolanos al inhabilitar, perseguir, acosar a los diputados legítimamente electos”, manifestó Negal Morales, secretario de la AN.
Indicó que pese a la persecución y los bloqueos, la Asamblea se mantiene sesionando con 110 diputados de la oposición y otros 3 del PSUV que se han incorporado en el último año.
EL DATO
Delsa Solórzano, presidente de la Comisión de Política Interior de la AN, indicó que 50 diputados tienen casos abiertos ante la Unión Interparlamentaria Mundial, por denuncias de golpizas, amenazas y acoso. Acceso a la Justicia registró 79 sentencias del TSJ contra el Parlamento desde 2015, de las cuales 7 son contra diputados. La ONG señala que los fallos produjeron la anulación del Poder Legislativo y la usurpación de sus funciones por parte del Ejecutivo, Judicial y la ANC.