La Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN) alertó este lunes a la comunidad internacional sobre la «inconveniencia» del cierre de embajadas en el país, puesto que una falta de «escrutinio» podría incidir en la violación de los derechos humanos de la población.
«Nos hemos dirigido desde la comisión de Política Exterior a la comunidad diplomática advirtiendo la inconveniencia, porque eso es lo que quiere el gobierno de Nicolás Maduro para poder hacer lo que le da la gana sin ningún tipo de escrutinio», dijo Francisco Sucre, presidente de la Comisión.
«La presencia de la comunidad internacional es una especie de muro de contención para que no siga avanzando esta política represiva», añadió.
El gobierno de Perú anunció hace 10 días que propondrá a los miembros del Grupo de Lima la ruptura de relaciones con Venezuela como una «consecuencia natural» del desconocimiento de las elecciones presidenciales del pasado 20 de mayo, que ganó con holgura Maduro en medio de alta abstención.
En tanto que el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, dijo la semana pasada que debe haber un debate «regional» sobre la legitimidad de Maduro a partir del 10 de enero, cuando asuma un nuevo período.
Maduro ha dicho al respecto que jurará el cargo y que no aceptará «chantajes» diplomáticos, en vista de la posibilidad de que algunos países retiren a sus embajadores por desconocer los resultados de los comicios de mayo.
Por su parte, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, mostró la puerta de salida a los países que no reconozcan a Maduro a partir del 10 de enero de 2019.
«Ante el nuevo gobierno del presidente Maduro, el Estado que quiera retirar su embajador, su cuerpo diplomático y su cuerpo consular de Venezuela: bienvenido, puede hacerlo, adiós, pero se lleva desde el embajador hasta el último funcionario consular», dijo la semana pasada durante una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en el país.
Sin embargo, Sucre señaló que en Venezuela «no está planteado» el cierre masivo de embajadas, y que las declaraciones de Arreaza constituyeron una «pataleta que demuestra la poca responsabilidad en el manejo de un cargo tan importante».
Ademas, reconoció que la permanencia o no de las embajadas en Caracas «es una decisión de los países», al tiempo que auguró una «mayor presión internacional» contra el Gobierno venezolano si Maduro jura un nuevo cargo en enero, pues será «considerado un presidente de facto».