Una práctica de las dictaduras de derecha de América del Sur en el siglo pasado ha recrudecido en los últimos días en Venezuela. Activistas de los derechos humanos alertan sobre una escalada de las desapariciones forzadas de ciudadanos opositores al gobierno del presidente Nicolás Maduro, de militares señalados de conspiradores y personas de su entorno familiar.
Mientras Maduro afirma que está dispuesto a establecer un “diálogo de paz”, la persecución política se intensifica; lo demuestra el número de detenciones y la forma en que se llevan a cabo. En las últimas dos semanas se han registrado alrededor de 20 casos, de acuerdo con el Foro Penal Venezolano.
La desaparición forzada como mecanismo de persecución política no es algo nuevo. En 2017 hubo casos específicos como el del capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Caguaripano (40 días desaparecido) y el de Juan Pedro Lares (10 meses y liberado el viernes).
Alfredo Romero, director Ejecutivo de la ONG, informó que más de 80% de los casos de detenciones políticas constituyen desapariciones forzadas, pero que en los últimos días han anotado casos graves de detenidos, en los que sus familiares desconocen su paradero hasta varios días después del arresto, cuando son presentados en tribunales o liberados sin ser procesados.
Nuevo patrón. Las víctimas son arrestadas de manera arbitraria, incomunicadas y desaparecidas hasta que son presentadas en los tribunales sin derecho a la defensa privada. Algunas sufren golpes, maltratos y vejaciones.
Romero explicó que entre los casos más recientes que han registrado, se encuentra el de la familia Granadillo, presuntamente vinculada con un militar acusado de conspiración. El padre, la madre y la hija fueron aprehendidos y desaparecidos por siete días, luego de reiteradas denuncias los liberaron en una calle.
Andrés Colmenares, director de Funpaz, dijo: “Nos preocupa que los procesos de detenciones y secuestros por parte del Estado se extiendan no solo a militares que pudieran estar descontentos en la FANB, sino a sus familiares y amistades. Es una forma de extorsión y chantaje para que se entreguen”.
La desaparición forzada constituye una violación de los derechos humanos y del debido proceso, así como del artículo 45 de la Constitución, que prohíbe a toda autoridad pública (civil o militar) practicar, permitir o tolerar estas prácticas.
La Organización de Estados Americanos en su informe sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, determina que las desapariciones forzadas constituyen uno de los siete delitos de lesa humanidad que comete el gobierno venezolano.
Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto, precisó que la desaparición forzada y la impunidad que hay en el país allanan el terreno para que los funcionarios de seguridad cometan torturas, tratos inhumanos y degradantes contra los detenidos.
Los activistas alertan sobre el incremento de violaciones de los derechos humanos en el país que, coinciden, busca generar miedo y desmovilizar a los ciudadanos descontentos con el gobierno.