Ramón Aguilar, abogado de la familia del concejal Fernando Albán, solicitó a la Defensoría del Pueblo que investigue al fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, por el delito de encubrimiento de la “detención ilícita, desaparición forzosa y posible ejecución extrajudicial” del edil.

Fernando Albán falleció en extrañas circunstancias el 8 de octubre, cuando se encontraba detenido en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Aguilar denunció que desde el 4 de diciembre, cuando la defensa pidió la aplicación del Protocolo de Minnesota –modelo especial para investigar las muertes potencialmente ilícitas–, no han obtenido respuesta alguna.

“La denuncia no tiene número de expediente ni fiscal asignado; es decir, está engavetada. Por esa inacción consideramos que se podría estar cometiendo el delito de encubrimiento”, explicó en una rueda de prensa ofrecida a las afueras de la instancia.  

También pidió que se investigue a Gustavo González López, ex director del Sebin, y a los fiscales Ángel Betancourt y Jackson González, de la Fiscalía 59° de Ministerio Público.

Instó al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a ejercer las competencias que le otorga la Constitución y emprenda acciones directas contra estos funcionarios. “Es su deber; quedará en su conciencia y en su ética ejercerlo o no. La Defensoría tiene potestades para instar al MP para participar en la investigación y para querellar contra los funcionarios actuantes”, agregó.

Mencionó que con este procedimiento la defensa agota la vía interna y se abre la puerta para llevar las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional.

“Que el Estado no realice la investigación respectiva es una nueva violación a los estatutos internacionales”, sentenció.