Venezuela, de contar con 325 organizaciones políticas aptas para participar en procesos electorales en 2010, pasó a tener solo 37 –10 oficialistas, 2 de la extinta Mesa de la Unidad Democrática y 5 identificadas como “opositoras independientes”– que podrán postular candidatos a los comicios de concejos municipales que se celebrarán en diciembre. Esto representa una disminución de 88,6% del sistema político existente hace ocho años, aseguró en un comunicado el Observatorio Electoral Venezolano.

Luis Lander, director del OEV, alertó que los partidos nacionales legalmente constituidos han sido inhabilitados “por razones no del todo transparentes ni legales”.

“Las ofertas que se le presentan a los electores han disminuido. Inhabilitar partidos y a dirigentes no es una novedad, ya es una rutina”, expresó.

Criticó los dos últimos procesos de legitimación que convocó el Consejo Nacional Electoral por orden de la constituyente. Sostuvo que representan una “sanción retroactiva” contra las toldas que no participaron en las elecciones, porque hasta ese momento no existían medidas para inhabilitarlos.

En su informe de septiembre, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia denunció que el gobierno ha realizado acciones sistemáticas con el fin de instalar un “proceso continuado de debilitamiento y extinción” de partidos opositores e imponer “un Estado de partido único en franco desmedro de la democracia”.

Advirtió que el Poder Electoral, en consonancia con el Tribunal Supremo de Justicia y la ANC, ha llevado a cabo “intervenciones judiciales como arma de debilitamiento político” desde 2012, aparte de procesos de legitimaciones con trabas y validaciones exprés.

Para Griselda Colina, directora del OGDC, el último proceso de validación que debería reconocerse es el de 2017, en el cual, a pesar de ser “tortuoso y poco transparente”, Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular lograron validarse.

“El CNE, con la ANC y el TSJ, ha ido socavando la democracia, al crear un ecosistema político que le funciona al gobierno para mantenerse en el poder”.

“Los pocos partidos opositores que quedan, como Avanzada Progresista, son cuestionados o la gente desconfía de ellos. Esto ha debilitado el valor del voto y la participación ciudadana” para un eventual proceso de referéndum aprobatorio en el caso de una nueva Constitución, señaló Colina.

El director de Súmate, Francisco Castro, afirmó que en los últimos años se ha registrado “un proceso de ilegalización de partidos”, en el que se ve afectado directamente el derecho a la libre participación, que se suma a las “deterioradas condiciones electorales” existentes.

El subsecretario de AD en Miranda, Negal Morales, subrayó que las grandes toldas opositoras han sido “ilegalmente irreconocidas por el capricho de un CNE al servicio de una dictadura constituyente” y recordó que desde el secuestro del Poder Electoral, en Venezuela no hay posibilidades de elecciones libres y democráticas.

Jorge Millán, coordinador de PJ Caracas, mencionó que el “esquema fraudulento del CNE” no permite que haya partidos sino solo los que el gobierno decida que deben existir.

“PJ acompaña en el reclamo de la gente; hemos actuado e informado para que la comunidad internacional presione y Nicolás Maduro salga del poder”, agregó.

El diputado de UNT, Luis Emilio Rondón, afirmó que a su partido lo invalidaron como “castigo”, por no participar en las elecciones del 20 de mayo. Enfatizó en que la tolda que representa y partidos como AD, PJ y VP son “absolutamente hábiles para mantener comunicación permanente con el país”.

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