Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores designado por Juan Guaidó, pidió este lunes al gobierno de Chile que detenga la deportación de migrantes venezolanos porque «son refugiados que huyen».
«Queremos expresar nuestro deseo de que el gobierno de Chile pueda resarcir estas medidas y diseñar un marco regulatorio que permita a los venezolanos una migración segura, estable y humanitaria», dice Borges en un comunicado.
«Nuestros connacionales son refugiados que huyen en las peores condiciones de un régimen que ha socavado las libertades, el aparato productivo, los derechos sociales y económicos, ocasionando una catástrofe humanitaria que hoy se refleja en la dolorosa cifra de seis millones de expatriados», agrega.
El comisionado hace referencia a un informe publicado por Human Rights Watch (HRW) que «ratifica que estas decisiones se tomaron sin medir el impacto en derechos humanos y no deben repetirse».
Borges también destacó que las medidas no contemplaron la posibilidad de apelación judicial ni el efecto generado con relación a la separación de miles de familias. «Con esto no se cuestiona la expulsión de quienes hayan cometido delito en Chile, ni que la deportación sea una medida sustitutiva de la pena, pues somos enfáticos en recalcar que quienes violan la ley deben responder por sus actos, pero se debe tener en especial cuidado con los venezolanos que se devuelven a un país donde persiste un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad».
HRW sobre los migrantes venezolanos deportados
HRW indicó el 28 de julio que el gobierno de Chile «debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos» que realiza en el marco de una ley de migración «y asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos».
Mediante un documento, la organización señaló una serie de graves violaciones de los derechos fundamentales de migrantes venezolanos expulsados, tales como impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros.
Luego de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el organismo internacional identificó también «violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas» antes de que se concrete la expulsión.
«Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional», afirmó el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, según el documento.
457.000 venezolanos en Chile
En la misma línea, Vivanco apuntó que resulta «contradictorio» que el gobierno encabezado por Sebastián Piñera «condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro».
Se estima que en Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes -equivalente a 7% de la población- y a la fecha la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.
Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), 5,4 millones de personas han abandonado Venezuela desde 2014 para huir de «la violencia, la inseguridad y las amenazas, así como la falta de alimentos, medicinas y servicios esenciales».
Comisionado @JulioBorges emite comunicado a Canciller de Chile donde solicita que cese deportaciones de refugiados venezolanos https://t.co/PppS8QIhR5 pic.twitter.com/Ae5tlef9Uk
— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) August 2, 2021