ONG exigieron este martes a la Defensoría del Pueblo de Venezuela activar la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, ante supuestos abusos de policías en perjuicio del estudiante universitario John Álvarez, acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir.
El coordinador legal de la ONG Provea, Marino Alvarado, dijo que el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, debe activar la comisión e investigar si funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) torturaron al joven, como denuncian activistas y el abogado del detenido.
«Debe investigarse a los autores materiales y a la directiva de la Policía Nacional Bolivariana. Es posible que la tortura sea una práctica de ese organismo y no un hecho aislado de funcionarios», expresó el activista a través de X (antes Twitter).
En un video publicado por Provea en la red social, el abogado y activista sindical Eduardo Torres denunció que Álvarez fue obligado por agentes a incriminar a dirigentes sindicales mientras lo grababan, y «fue golpeado con un bate» y «con un jergón de cama cubiertos con fundas para que no dejen evidencia».
“Fue golpeado con un bate, descargas eléctricas en rodilla, costillas, testículos” #5Sep
Eduardo Torres, abogado y activista sindical, denuncia las torturas que sufrió el estudiante de la UCV, John Álvarez:
“Díganle a mi familia y a Venezuela lo que pasó”
Torres alerta que… pic.twitter.com/SHkhIzqdC2
— PROVEA (@_Provea) September 5, 2023
Sufrió «descargas eléctricas» en «rodillas, costillas, testículos»
Torres, que solicitó la apertura de una investigación, también denunció que el joven, quien «identificó nombres de funcionarios», sufrió «descargas eléctricas» en «rodillas, costillas, testículos».
Ante esta denuncia, el director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, exigió también, a través de X, que la Defensoría del Pueblo active la comisión contra la tortura.
Álvarez fue detenido el miércoles en Caracas por funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) de la PNB, quienes le quitaron la motocicleta y otras pertenencias, dijo este martes a Efe su abogado, Joel García.
El jurista aseguró que en la audiencia de presentación, el lunes en la noche, se conoció que Álvarez tenía «una orden de aprehensión desde el 6 de julio de 2022 por los hechos por los que condenaron a los seis sindicalistas», que recientemente fueron acusados por los mismos delitos y a quienes les impusieron pena de 16 años de prisión.