Diputados a la Asamblea Nacional condenaron el intento de magnicidio y las violaciones de derechos humanos registrado en Barquisimeto, estado Lara. Además, ratificaron el llamado a la calle el 10 de marzo, cuando se espera una movilización al Palacio Federal Legislativo.
«Hay que revelarse ante la crisis y ejercer el derecho pacífico a la protesta hasta lograr la libertad. No va a haber disparo o amenaza que puedan frenar y detener al pueblo de Venezuela», manifestó el presidente interino, Juan Guaidó.
Consideró que los venezolanos no pueden permitir la normalización de una crisis generada, a su juicio, «por un Estado fallido, una dictadura con vínculos con el terrorismo».
El mandatario criticó que el chavismo calificara de falso positivo el ataque armado que sufrió el sábado; esto cuando un grupo de simpatizantes del oficialismo arremetió en contra de una concentración opositora.
«Asuman su responsabilidad, no sean cobardes. Aquí estamos dando la cara a la gente y lo vamos a seguir haciendo en todo momento. Acompañaremos nuestra gente en un Pliego Nacional de Conflicto, en reivindicar las luchas salariales de cada sector. Allá los cobardes, que no pueden darle la cara a la gente», expresó Guaidó.
Una esperanza de liberación
Alfonso Marquina, legislador de Primero Justicia por el estado Lara, indicó que los hechos del sábado fue un intento del régimen de asesinar al presiente interino. Además, de sembrar terror en la población para que no reclame sus derechos.
Afirmó que existen fotos y videos que demuestran no solo la complicidad del Estado, sino la participación de funcionarios regionales y municipales. «El terrorismo de Estado desarrollado por quienes usurpan es el único mecanismo del régimen para perpetuarse en el poder», subrayó.
Ante esta situación, Marquina consideró que la presencia de Guaidó en Barquisimeto «sembró una esperanza de liberación» en los ciudadanos, que hoy están sometidos «a las peores condiciones de vida».
Instó a los legisladores a continuar con la presencia en las calles, «dándole un mensaje de apoyo y aliento a quienes son víctimas de la violencia, de que ellos no están solos, que cuentan con Juan Guaidó y la AN».
«Así como la violencia y violaciones no encerraron en cuatros paredes al pueblo larense, la invitación al pueblo venezolano es que el 10 no se quede en sus casas y salgamos a las calles a exigir el cambio político y que cese la usurpación», pidió a los ciudadanos.
Pliego Nacional de Conflicto
Como tercer punto del orden del día de la sesión ordinaria de este miércoles, celebrada en el Colegio María Auxiliadora de Altamira, los parlamentarios debatieron el derecho a manifestar de los sectores sociales.
Manuela Bolívar, diputada por Voluntad Popular, señaló que ante el dolor que representa la crisis, hay un pueblo que protesta diariamente. Una muestra de ello, continuó, son las 12.029 protestas registradas en 2019 y las 600 que se han originado desde enero de 2020.
«¿Se rinde el pueblo venezolano? ¿Se deja dominar o es todo lo contrario?», cuestionó.
Para Bolívar, el pueblo tiene el reto de organizarse y encontrarse en un «Pliego Nacional de Conflicto», que reúne todas las razones para protestar en las calles.
«No se reduce a una demanda sino a la necesidad de que para que exista la restitución de los derechos debemos retomar el Estado de Derecho, debemos cambiar de régimen», precisó.
Afirmó que los venezolanos, que hoy resisten a un régimen que ponga empobrecido, «no se dejan dominar». Razón por la cual, agregó, el 10 de marzo gremios, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales e iglesia manifestará.
«Debemos sacar a Maduro porque no hay posibilidad de vida si este régimen se mantiene en el poder. No hay viabilidad de derechos sociales, económicos y mucho menos de los derechos políticos si no se cambia el sistema», enfatizó.
Nulidad de contrato
Los 90 legisladores presentes en la plenaria, declararon la nulidad de los contratos suscritos entre Petróleos de Venezuela S. A y la petrolera rusa Rosneft Trading en noviembre de 2016, por vulnerar el artículo 150 de la Constitución. El mismo, se ofreció como garantía el 49,9% de las acciones de Citgo Holding.
Reiteraron, además, los cuestionamientos realizados por la AN desde 2016 en torno al «endeudamiento irresponsable de Pdvsa y la celebración de contratos de interés público nacional no autorizados». Los cuales, recordaron, son actualmente investigados.
El Parlamento emplazó al gobierno encargado a adoptar todas las acciones orientadas a defender los activos de la estatal venezolana afectados por los contratos con la filial rusa.
Elías Matta, presidente de la Comisión de Energía y Petróleo, recordó que el préstamo de 1.500 millones de dólares realizado por Rosneft fue declarado nulo por la AN, en defensa de los intereses de la nación.
Rafael Ramírez reafirmó que el único ente que puede que suscribir contratos y permitir el cobro de las acreencias es el Parlamento. «Los usurpadores chillan cuando se les caen las comisiones, pero no chillan por el bienestar de los venezolanos», enfatizó.