El régimen de Nicolás Maduro dejó de pagarle a finales de 2015 a los pensionados de Venezuela que están radicados en Chile. Frente a esta situación, una agrupación de aproximadamente 800 ciudadanos afectados comenzó a realizar las gestiones para conseguir el pago de lo que se le adeuda.
Dirigieron cartas a la Presidencia de Chile, desde la gestión de Michelle Bachellet hasta la actual, que encabeza Sebastián Piñera, para solicitar que se le diera cumplimiento o se utilizaran mecanismos diplomáticos que obligaran a Venezuela a solventar sus obligaciones, en virtud del Convenio Bilateral de Seguridad Social suscrito entre ambas naciones en 2005.
Apenas por algunos documentos recibieron respuestas evasivas y que daban a entender que no habría una ayuda económica para los ciudadanos, dijo a El Nacional el abogado Luis Zurita, que ha acompañado en los asuntos legales a la Asociación de Pensionados y Jubilados en Venezuela residentes en Chile.
«Posteriormente, junto con la asociación, decidimos hacer una serie de gestiones ante en Congreso Nacional chileno. Fuimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a la Comisión del Trabajo, a la Cámara de Diputados y del Senado, y estuvimos en la Comisión de Relaciones Exteriores, donde se ofició al gobierno nacional para que explicara por qué no se estaba cumpliendo el convenio e informara en qué situación se encontraba su operatividad y su cumplimiento», declaró.
Adultos mayores, vulnerables
Se trata de personas mayores que están en situación de vulnerabilidad. El abogado afirmó que, al estar residenciados en Chile, el Ejecutivo de ese país tiene algún grado de responsabilidad sobre sus habitantes.
«Hemos luchado por nuestros derechos humanos, que han sido vulnerados, por no decir que el Estado venezolano los ha robado. Nos encontramos en una situación muy lamentable porque, podemos decir con mucha propiedad, que se está violando la ley, los derechos humanos de la tercera edad, las propias constituciones», dijo Alejandro Bustamante, presidente de la asociación a El Nacional.
La gran mayoría de los pensionados son chilenos que emigraron a Venezuela en los años 70 y 80, y posteriormente regresaron a su país por la crisis.
«El gobierno chileno señaló en respuesta a uno de los oficios que remitió el Congreso que el convenio no se encontraba operativo y que, por lo tanto, no sería aplicable. Ese fue el criterio del gobierno chileno para descartar algún tipo de ayuda económica o de gestión consular para obligar a Venezuela a cumplir», agregó Zurita.
Los afectados interpusieron en febrero pasado un recurso de protección ante los tribunales de justicia. Pero la asociación tuvo una sentencia desfavorable: la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile lo declaró inadmisible en septiembre porque estimó que el gobierno chileno no ha vulnerado los derechos fundamentales de los pensionados.
Zurita indicó que la Corte de Apelaciones ignoró varios argumentos planteados. Entre ellos que el Estado está obligado a proteger a todos los adultos mayores en su país. Esto, en virtud de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores de los Estados Americanos y de otros instrumentos internacionales.
«Pedimos que se estableciera una pensión mínima transitoria mientras se regularizaba el pago desde Venezuela. Decidimos hacer esto en vista de que desde Venezuela nunca se obtuvo respuesta por parte del Estado. Hubo dos demandas rechazadas por tribunales venezolanos y que, claramente, debido a la situación, Venezuela no se iba a hacer cargo. Por lo tanto, buscábamos alguna forma de conseguir una solución para las personas pensionadas de Venezuela en Chile», señaló.
También se interpuso un recurso de apelación ante la Corte Suprema de Chile, que posteriormente confirmó la sentencia de primera instancia. El juzgado alegó que el Estado chileno no había de ninguna forma cometido algún tipo de arbitrariedad u omisión.
El criterio de los tribunales de justicia ha sido errado porque ignora la obligatoriedad de las convenciones internacionales, los instrumentos regionales y los de la propia jurisprudencia de Chile, aseguró el abogado a esta redacción.
«Nos sentimos aplastados por el poder, pero seguiremos luchando, tanto por los que están Venezuela como por los que estamos en el exterior. Sabemos que somos cerca de cinco millones de personas que no reciben nada; en Venezuela no se puede considerar que hay un pago de pensiones porque el valor es irrisorio y no corresponde a una cantidad digna», lamentó Bustamante.
Sin un monto establecido
Julio Azara, abogado que lleva la causa, declaró a El Nacional que la asociación no maneja con exactitud el monto que adeuda el Estado venezolano. Pero señalo que se estaría hablando de una deuda cuantiosa si se toman en cuenta los años que tiene el régimen socialista sin realizar el pago.
«Si lo vemos desde el punto de vista de un presupuesto de Estado, de los miles de millones de dólares que se gastan en cosas innecesarias en nuestros países, es evidente que lo que corresponde a estos pensionados y jubilados es realmente marginal en relación a esos presupuestos millonarios. No se cuantificó porque nunca se demandó que se hiciera un pago sobre el total. Lo que se reclamó fue que se iniciara por parte del Estado chileno las gestiones para obligar al Estado venezolano a cumplir, a dar continuidad a los pagos y al convenio; y se solicitó una pensión de forma momentánea para subsistir», dijo.
Bustamante subrayó que desde la organización continuarán luchando para que se les sean restituidos sus derechos. Aseguró que siente impotencia porque considera que las leyes no se cumplen ni en Chile ni en Venezuela, más aún tratándose de una población tan vulnerable como la que se encuentran los jubilados y pensionados en la nación chilena.
«No podemos permitir esto, que es prácticamente un robo, que nos quiten el dinero que nos ganamos honrosamente. Nosotros no tenemos un mañana, necesitamos soluciones para hoy. No pedimos beneficios ni dádivas, estamos reclamando lo nuestro, que nos usurparon. Nosotros tenemos que trabajar casi que a tiempo completo y ha sido muy triste que nuestro país nos haya dado la espalda», manifestó Bustamante.
«Nos queda una sensación de injusticia demasiado grande. Hemos tenido una muy buena defensa, muy bien asesorados. Lo peor es que no recibimos una respuesta contundente, en cuatro líneas nos dijeron que no aceptaban nuestro reclamo y sentimos el peso de toda la gente que nos llama a cada instante, que está muy mal; gente que está esperando operaciones, que necesita dinero para vivir, pero todo el mundo mira para otro lado. Como organismo sentimos que la solución es un cambio de régimen en Venezuela porque sentimos que no existe gobierno, quisiéramos que hubieran nuevas autoridades que respeten los derechos humanos», finalizó.