La fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió un informe este lunes en el que afirma tener razones para creer que desde 2017 se cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La institución afirmó que tiene fundamentos razonables para sospechar que funcionarios de las fuerzas armadas e individuos del régimen están relacionados con los hechos.
Entre los crímenes que se están investigando en el examen preliminar destacaron encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual. También destacaron la persecución de un grupo por motivos políticos. La investigación sigue abierta y en curso por lo que es importante saber, en términos legales, qué pasos se deben llevar a cabo a continuación por parte del CPI para condenar a los responsables de dichos crímenes.
Natalia Luterstein, doctora en Derecho Internacional Público por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires; y Nahuel Maisley, doctorado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y profesor de la Universidad de Nueva York les brindaron una entrevista a Infobae y explicaron el proceso legal que está llevando a cabo la CPI sobre los crímenes de lesa humanidad en el país.
Primera fase
El proceso se encuentra en una etapa inicial que todavía no concluye, para ello, la fiscalía debe llevar a cabo un análisis en el que se demuestre la admisibilidad de la investigación. En este proceso se indagará si en Venezuela se están investigando actualmente los hechos que forman parte de la situación y si se están realizando los enjuiciamientos correspondientes.
En caso de que no se estén realizando las investigaciones por parte de funcionarios e instituciones nacionales, se aplicará el Estatuto de Roma. Este es el instrumento constitutivo de la CPI con el cual se determina que, de ser el caso, el tribunal internacional se hará cargo de la situación.
Luterstein detalló a Infobae que las autoridades se comprometieron a enviar la información sobre los enjuiciamientos realizados en el país. Los datos los enviarán en enero de 2021. Seguidamente, la fiscalía realizará un análisis y podrá hacer alguna determinación al respecto.
“En el examen preliminar se trata de determinar si se alcanzó el umbral requerido para abrir una investigación. No hace falta investigar todos los crímenes que podrían haberse cometido. Solamente se debe demostrar el patrón más amplio de victimización de acuerdo con la información disponible en el momento”, señaló Maisley citado en Infobae.
Segundo paso: investigación formal
Una vez se cumplan todos los requisitos de la fase previa, el análisis de admisibilidad y el estudio de la información enviada por el régimen, comenzará la investigación formal. En esta etapa, la CPI puede tomar la evidencia que ya tiene sobre los crímenes cometidos y ampliarla. Maisley indicó para Infobae que en esta instancia también es necesario “avanzar e identificar acusados específicos”.
Sin embargo, en este aspecto el caso de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela también resulta único y diferente a otros casos que ha investigado la CPI. El abogado señaló que Venezuela tiene la particularidad de que los potenciales acusados de los crímenes continúan ejerciendo el poder en el territorio, es decir, la Policía Nacional Bolivariana (PNB); el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin); la Dirección General; de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), entre otros.
El documento publicado el lunes, liderado por Bensouda, también señaló a las milicias paramilitares al servicio del régimen como responsables y posibles acusados. En el informe se detalló que estos colectivos actuaron “junto a miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento” para cometer los crímenes.
Son estas autoridades las que actualmente mantienen el poder de las instituciones en Venezuela por lo que la investigación es un caso único y diferente.
El abogado detalló que en caso de que estos acusados se nieguen a cooperar con la investigación y prohíban la entrada a Venezuela, la CPI tiene herramientas para seguir investigando por su cuenta. Entre ellas, pueden realizar la recabación de testimonios de presuntas víctimas fuera de las fronteras del país.
Sin embargo destacó que el régimen igualmente tiene la obligación jurídica de colaborar con la fiscalía.
Críticas al proceso
Desde que comenzó el examen preliminar, la CPI ha recibido múltiples críticas por la lentitud y lo aleatorio de ciertas decisiones. Maisley recordó que la Organización de Estados Americanos aseguró que hubo “inacción” a la hora de investigar el caso de Venezuela.
El experto enfatizó lo complejo que es la tarea de investigar estos crímenes. “El acceso a la información relevante es muy difícil y podría desatar situaciones que exceden lo jurídico. En cuanto a lo político, también hay intereses cruzados en la comunidad internacional, grandes potencias que prestan atención”, señaló.
Luterstein, por su parte, reveló que Venezuela no es la única que enfrenta un examen preliminar. Existen otros casos que tienen incluso más antigüedad. Entre ellos destacó el caso de Colombia, la cual inició un proceso de investigación previa en 2004. Además, concluyó que uno de los mayores obstáculos para llevar a cabo la investigación es la falta de recursos actual.