La Asamblea Nacional aprobó este jueves 9 de julio la Ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa, recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos, bienes e intereses del Estado venezolano en el extranjero.
La ley aclara en su exposición de motivos que esta regulación especial no pretende sustituir a la actualmente vigente en el país. Pretende fijar las reglas especiales que se correspondan con la situación extraordinaria que vive la nación en la actualidad.
Se propone una regulación contentiva de las normas que deberían regir en todas las contrataciones de adquisición de bienes y servicios, las cuales, son una simplificación de las que están contenidas en la Ley de Contrataciones Públicas.
El documento legal se hizo para asegurar la debida transparencia en las operaciones y la obligación de la existencia de un Acto Motivado Interno que justifique la necesidad de la respectiva contratación, así como la verificación previa de previsión y disponibilidad presupuestaria para poder contratar.
El vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el diputado Luis Silva, presentó este instrumento legal y manifestó que es de suma importancia estratégica cortar toda fuente de financiamiento al régimen de Nicolás Maduro.
«Los activos venezolanos en el exterior son propiedad del pueblo venezolano. No podemos permitir que sigan siendo robados por una cúpula corrupta, ni utilizados para financiar la represión, por eso hoy presentamos para su segunda discusión el proyecto de ley especial de contrataciones públicas asociadas a la defensa recuperación, aseguramiento y resguardo de los activos y bienes del estado venezolano en el exterior», manifestó
Agregó, que esta ley va a permitir seguir recuperando y poniendo a salvo de la dictadura los valiosos activos que serán la base para reiniciar el proceso de reconstrucción nacional, tan pronto cese la usurpación.
“No es suficiente recuperar los activos sino reglamentar el uso de esos activos, por lo que es esencial reducir la discrecionalidad de los funcionarios encargados de administrar esos activos. Esta ley obliga a rendir cuenta exige honestidad y transparencia en los manejos de los recursos”, agregó.
¿Qué aprobó la Asamblea Nacional?
La Asamblea Nacional, en cumplimiento de la Constitución, al tratarse de un contrato de interés nacional y del Estatuto para la Transición, autorizó que el gobierno legítimo contrate a las empresas seleccionadas para la ejecución y administración del Fondo de Liberación Nacional.
¿Por qué y para qué se requiere?
La institucionalidad financiera del Estado venezolano continúa secuestrada por Nicolás Maduro, y no se cuenta con una Tesorería, por lo que es importante contar con un ente que lleve adelante el seguimiento y administración del Fondo de Liberación Nacional para su correcta ejecución.
¿Para qué sirve esto?
Con este paso, se podrá ejecutar de manera adecuada, eficaz, contable y transparente los pagos del Fondo de Liberación, como por ejemplo el programa Héroes de la Salud. El principal objetivo es garantizar la efectividad y transparencia del uso del Fondo.
¿Cómo se escogieron las empresas contratadas?
Este proceso de selección fue llevado adelante por el Consejo de Administración del Fondo de Liberación, la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, la Contraloría y la Procuraduría de la República, además de contar con la participación de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de los Estados Unidos, quien autorizó la ejecución de los recursos.
¿Por qué participó la OFAC?
Al ser el Fondo de Liberación de Venezuela una ejecución de fondos congelados en el exterior, era necesario el aval de la institución encargada de esta materia en el país, en este caso la OFAC, para garantizar la transparencia y las buenas prácticas en este procedimiento.
¿Cuáles y por qué fueron seleccionadas las empresas adjudicadas?
Fueron elegidas en un proceso en el que inicialmente se contactaron a las cinco mejores firmas de contaduría y administración en el mundo. Sin embargo, las mismas manifestaron no estar dispuestas a involucrarse en esta labor, porque aún mantienen operaciones dentro de Venezuela y temían las represalias que pudiesen recibir por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Ante ello, las mismas recomendaron empresas aliadas, que contaban con su aval, y que fueron validadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y las instituciones de la República como capacitadas para ejercer esta labor, quedando BRV Disbursement Co. LLC y BRV Administrator Co. LLC.
¿Cuál será el rol de la OEA en este proceso?
Tras distintas rondas de conversaciones del gobierno legítimo con representantes de la OEA y del gobierno de los Estados Unidos, se concluyó que, tanto por dificultades técnicas y como por el importante ahorro económico que iba significar para el Estado venezolano, resultaba más práctico y eficiente delegar en las organizaciones internacionales privadas especializadas la administración del fondo. Sin embargo, la AN mantiene comunicación y trabajado permanente con la OEA para este y los demás del gobierno interino.
#AsambleaVE sancionó Ley para la recuperación de bienes del Estado en el extranjero evitando que sigan siendo robados por el régimen.
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— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) July 9, 2020