El Panel de Expertos Internacionales Independientes de la Organización de los Estados Americanos (OEA) presentó conclusiones alarmantes que, asegura, revelan cómo las reformas institucionales en Venezuela perpetúan la impunidad y obstaculizan la rendición de cuentas por los presuntos crímenes de lesa humanidad.
En rueda de prensa en La Haya, Santiago Cantón (Argentina) y Joanna Frivet (Mauricio), miembros del panel, advirtieron de la urgente necesidad de que actúe el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, porque las reformas institucionales propuestas en Venezuela son en gran medida superficiales y no abordan las causas profundas de la crisis.
El informe expresa “su honda preocupación por el hecho de que estas reformas protejan a los responsables ante la justicia nacional e internacional, perpetuando así la impunidad al más alto nivel y una falta sistemática de voluntad política genuina para hacer que los responsables estatales, en particular los de alto nivel, rindan cuentas de sus actos”.
El panel nombró dos casos de lo que consideró un problema generalizado donde los presuntos perpetradores son promovidos a posiciones donde están directamente involucrados en la reforma institucional y la relación del Estado con la CPI.
Los expertos acusan al actual embajador venezolano en Países Bajos, Calixto Ortega, de haber colaborado activamente en la comisión de crímenes con detenciones arbitrarias mediante decisiones judiciales que autorizaron la continuación de detenciones sin fundamento jurídico sustantivo, como en los casos de Gilber Caro y Juan Requesens.
Ortega es también magistrado del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela desde 2015 y como embajador en La Haya es jefe de la misión diplomática venezolana ante la CPI.
El segundo ejemplo que resalta el panel es el del diputado Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el gobierno.
“Es considerado una de las personas que podría tener responsabilidad bajo la jurisdicción de la CPI como autor directo y coautor de crímenes de lesa humanidad de detención arbitraria, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes y violencia sexual a través de órdenes dadas directamente al director general del Sebin, González López, quien de facto dependía de él”, resume el panel en su segundo informe.
Cantón lamentó que, «en lugar de procesar a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el gobierno de Venezuela está construyendo un marco institucional de impunidad”.
Las reformas, dice el informe, “erosiona aún más el ya deficiente sistema judicial, plagado de falta de independencia e imparcialidad y de corrupción endémica y sigue ignorando a las víctimas venezolanas, al no crear derechos sustantivos a recursos accesibles y transparentes”.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, está a la espera de una autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares sobre el intento de Caracas de impugnar la admisibilidad del caso.
El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Khan de instrumentalizar la justicia con fines políticos, tras desestimar los argumentos presentados por Caracas en torno a la investigación.
Sobre esto, el panel de la OEA instó a Khan a «centrarse en los autores de alto nivel que operan fuera del alcance de la jurisdicción nacional debido a la falta de voluntad y la incapacidad del gobierno de Venezuela para poner fin a la impunidad».
Este panel fue nombrado por la OEA en 2017 para determinar si se debe llevar al gobierno venezolano ante la CPI por presuntos crímenes de lesa humanidad denunciados en audiencias públicas por representantes de la sociedad civil y militares exiliados.
El panel emitió su primer informe en mayo de 2018, indicando que hay una base razonable para creer que los supuestos actos perpetrados contra la población en Venezuela (asesinato, detención, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, persecución y desapariciones forzadas) desde el 12 de febrero de 2014 constituyen crímenes de lesa humanidad.