El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social registró 783 protestas en agosto de 2019 en todo el país. En comparación con el mismo período del año pasado, las manifestaciones se redujeron 11% en 12 meses.
Con un promedio de 26 reclamos diarios, 66% de los ciudadanos que salió a las calles reclamò derechos civiles y políticos. El otro 34% exigió mejoras laborales, acceso a servicios públicos de calidad, salud, alimentos y educación.
En agosto de 2018, los estados con mayor número de protestas fueron los andinos. Sin embargo, en 2019 las entidades orientales contaron con la mayor cifra de manifestaciones.
Anzoátegui fue el estado con mayor índice de protestas el mes pasado. Le siguieron Distrito Capital, Monagas, Bolívar y Miranda.
De las 783 protestas documentadas en agosto, 183 fueron combinadas. Es decir, los venezolanos exigieron en una misma manifestación varios derechos.
Del total de protestas, 445 estuvieron ligadas al ámbito político: 239 respondieron a convocatorias del régimen de Nicolás Maduro en rechazo a las medidas económicas impuestas por Estados Unidos a Venezuela. Las otras 206 manifestaciones se hicieron en apoyo a las acciones ejercidas por el presidente interino de la República, Juan Guaidó.
En cuanto a las demandas en materia de servicios públicos, 59 fueron para pedir la correcta distribución del gas doméstico. Otras 46 exigían agua potable y 29 ocurrieron en reclamo a las fallas eléctricas.
Las demandas laborales se ubicaron en el tercer lugar del índice de conflictividad. Se reportó un total de 124 protestas para solicitar mejoras salariales.
El OVCS documentó que debido a la ausencia de justicia y Estado de Derecho, en el país se registraron 13 intentos de linchamiento. En 2 casos fueron asesinados ciudadanos, en los estados Cojedes y Miranda.
Exigencias del OVCS
El informe del OVCS destacó que es necesario atender las demandas de la población y frenar la represión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.
La organización también pidió el cese inmediato de la participación de colectivos paramilitares, grupos de exterminio y organismos de seguridad no facultados para ejercer funciones de control de orden púbico.
Por último, el documento solicita realizar las investigaciones pertinentes, para determinar las responsabilidades correspondientes por tratos crueles inhumanos y degradantes, y detenciones arbitrarias ocurridas durante las manifestaciones.